La situación ocurrida en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, ha puesto en evidencia una serie de irregularidades relacionadas con su funcionamiento, luego de un suceso que dejó 236 personas que ya no viven y más de cien que resultaron afectadas. Conforme a la información obtenida por el Ministerio Público, el lugar operaba sin contar con las autorizaciones requeridas por parte de cuatro entidades gubernamentales: el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).
Las investigaciones determinaron que el único documento oficial que vincula a la edificación es una autorización de construcción emitida en el año 1970, cuando se edificó el antiguo cine El Portal. Este establecimiento se encontraba ubicado en el kilómetro 6 de la avenida Independencia. Desde aquel entonces, no se han registrado permisos relacionados con remodelaciones, cambios de uso de suelo, ni certificaciones ambientales que autoricen su transformación en un centro nocturno.
Las autoridades concluyeron que el local operaba al margen de la normativa. No contaba con la autorización para uso de suelo que emite el ADN ni con la validación estructural que corresponde al MIVED. A esto se suma la ausencia de un estudio de impacto ambiental, requisito fundamental para construcciones con capacidad para albergar a un gran número de personas, el cual debe ser emitido por el Ministerio de Medio Ambiente.
El edificio, originalmente un cine, fue adquirido en 1994 por los actuales propietarios de la discoteca, en un momento en que ya no se encontraba en funcionamiento. Aunque la discoteca Jet Set fue fundada en el año 1973 por Grecia López, madre de Antonio Espaillat, su primer local estuvo ubicado frente a la Clínica Independencia. Fue posteriormente cuando se trasladaron a la edificación que había servido como cine, sin que se haya efectuado un proceso legal de adecuación ni de regularización del inmueble para esta nueva actividad.
Durante casi treinta años, el establecimiento se mantuvo operando sin adecuarse a los estándares técnicos ni obtener los permisos correspondientes que garantizan la seguridad tanto estructural como ambiental. Esto representa una infracción considerable de las normas vigentes, cuyo propósito es resguardar la vida e integridad de quienes asisten a este tipo de lugares.
El colapso ocurrido en horas de la madrugada del 8 de abril dejó al descubierto los efectos de estas omisiones sostenidas a lo largo del tiempo.