El funcionario emitió sus afirmaciones al declarar hoy ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que sigue el caso Antipulpo, en calidad de testigo del Ministerio Público, según informó este último organismo.
El testigo del Ministerio Público indicó que esta decisión, ejecutada por el exministro de Hacienda, afectó la disponibilidad financiera del Estado dominicano y provocó aumentar, aún más, la deuda pública, como consecuencia de pagos pendientes, correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
“Es esencial entender que para proceder con el pago de una deuda pública, esta debe estar previamente registrada y validada a través del Congreso Nacional, en el Presupuesto General del Estado del año en curso. Mientras que cuando las deudas son administrativas o acumuladas de años anteriores, deben cumplir con un proceso riguroso de verificación y certificación por parte del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, cosa que no sucedió en este caso”, aclaró el también catedrático.
El funcionario explicó que para la realización de dicho pago se violentaron múltiples leyes y normativas, incluyendo la Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley de Tesorería Nacional, la Ley de Crédito Público, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Inversión Pública, la Ley de Contrataciones, y el Presupuesto General del Estado de 2020. Así como el Decreto 15-17 de Control de Gasto y Pago a Proveedores y otros instructivos legales relacionados con el control de gasto público.
“Para el pago, hicieron uso de los dividendos que debía depositar el Banco de Reservas a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). El mismo se realizó por fuera del circuito de pagos que debe involucrar a la Dirección General de Administración de Deudas, así como a la Tesorería Nacional, la Unidad de Análisis de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental”, detalló Rijo Presbot.
En tal sentido, indicó que todos los pagos realizados por las instituciones estatales deben pasar por la referida entidad financiera, la cual maneja la Cuenta Única del Tesoro (CUT) de la Tesorería Nacional.
Sin embargo, en esta ocasión, los pagos fueron efectuados sin el debido proceso legal y sin registro en el sistema financiero del Estado, bajo instrucciones directas del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero.
En el entramado de corrupción administrativa, desmantelado mediante la operación Antipulpo, el principal acusado es Juan Alexis Medina Sánchez, así como otras 26 personas físicas y 21 compañías. De acuerdo al Ministerio Público, Medina Sánchez fue beneficiado con gran parte de las licitaciones de varias instituciones públicas, mediante procesos irregulares.
