Nueva York – Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), dijo que quienes proponen eliminar la entidad desconocen cómo funcionan los procesos de recuperación y reconstrucción en la isla.
“Yo creo que hay mucha desinformación, y pienso que hay unas personas que hablan sobre este tema más en la parte política en Puerto Rico. Acuérdate que estamos en una época de elecciones, así que hay personas que van a hablar sobre esto que no necesariamente tienen el conocimiento de cómo es que realmente funciona la reconstrucción y recuperación con los fondos de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias)”, declaró Laboy en entrevista con El Diario de NY.
A preguntas sobre si se refería a la comisionada residente Jenniffer González, rival primarista del gobernador Pedro Pierluisi y quien directamente ha propuesto la eliminación de COR3, contestó: “Yo estoy hablando en general, no estoy fijándome en ninguna persona en particular. Lo que digo es que hay que evitar caer en la desinformación. Yo creo en la transparencia, yo creo en eso 100 %. Creo que tenemos que comunicar y dialogar con los hechos, con la verdad, y con eso tenemos que movernos”.
COR3 es la oficina encargada de desembolsar los fondos obligados por FEMA para proyectos de obra permanente en municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro, como parte de los procesos de recuperación y reconstrucción tras la cadena de devastadores huracanes en la isla que inició en el 2017 con María. COR3 fue creada el 3 de octubre de ese año bajo la Orden Ejecutiva OE-2017-65.
COR3 existe por mandato federal, plantea Manuel Laboy
Laboy argumentó que la existencia de COR3 es además un mandato del gobierno federal, y que si se elimina, P.R. podría perder miles de millones de dólares para la reconstrucción.
“COR3 es una de las razones por la cual los municipios se están moviendo, al igual que las agencias y las organizaciones sin fines de lucro. Habiendo dicho eso, tampoco se puede eliminar porque eso es un mandato del gobierno federal, una condición que nos impusieron en el 2017 de que tenía que existir una entidad centralizada para manejar millones y millones de dólares de los contribuyentes. Además de eso, FEMA está pagando el 90 % del desastre del huracán María; el gobierno de Puerto Rico tiene que buscar el otro 10 %. Pero si se elimina el COR3 eso se reduce de 90 % a 75 %, o sea que estaríamos poniendo en peligro billones de dólares…más allá del impacto negativo que podría tener en las agencias y los municipios un cambio de esa magnitud, especialmente después de tanto avance que hemos logrado en estos últimos tres años”, argumentó Laboy a preguntas de este periódico.
“Le hemos declarado la guerra a la burocracia federal”
El entrevistado además rechazó que la intervención de COR3 implique más burocracia en los procesos para distribuir la asistencia de FEMA en la isla.
“El COR3 es una entidad que es necesaria, que aspira a la mayor eficiencia y efectividad. Le hemos declarado la guerra a la burocracia federal, y somos un aliado de los alcaldes, municipios, y por supuesto de las agencias y de todas las entidades sin fines de lucro”, puntualizó.
El funcionario ha indicado que el director ejecutivo de COR3 es el “representante autorizado del gobernador” o GAR (Governor’s Authorized Representative), ante el gobierno de EE.UU. para cumplir con las disposiciones federales relacionadas con la recuperación y reconstrucción.
Básicamente, el GAR es el encargado de firmar y encaminar los acuerdos con FEMA para los distintos proyectos como parte de los procesos.
Como parte de las gestiones para avanzar en el desembolso de fondos, Laboy mencionó el programa Working Capital Advance (WCA) impulsado por COR3 desde junio de 2022.
A través de WCA, las distintas entidades que reciben fondos de asistencia pública pueden solicitar por adelantado hasta un 75% de los fondos obligados por FEMA para iniciar los proyectos.
Jenniffer González propone la eliminación de COR3
González, quien ha dicho que eliminará la entidad de resultar electa gobernadora, insiste en que la existencia de COR3 añade más burocracia en la cadena procesal y que los municipios están listos para manejar más directamente los fondos obligados por FEMA.
Por medio de un comunicado de prensa la semana pasada y en conferencia con medios en la isla, la precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), señaló que su plan consiste en crear la Oficina de Capacitación y Apoyo en Fondos Federales (la OCAF), dependencia que estaría adscrita a su oficina.
El fin principal de la OCAF sería identificar fondos federales disponibles, al tiempo que se adiestra a personal en las distintas agencias para solicitarlos.
La entidad básicamente sustituiría a COR3 para avanzar en el proceso para desembolsar los fondos federales de recuperación y otros.
“Ayudaremos a las agencias y a los municipios a recuperar la pericia para solicitar y manejar efectivamente los fondos federales. Estimamos que, en los primeros dos años, la OCAF ayudará a generar más de $40 millones en nuevos fondos federales, para aumentar los presupuestos operacionales de las entidades de modo que puedan proveer más servicios a la población”, anunció González.
“La OCAF no será un COR3, que secuestre los fondos federales y atrase el proceso para los recipientes. Se trata de una oficina para fomentar y aumentar la capacidad de las diferentes entidades para solicitar, obtener y manejar los fondos federales de manera exitosa. Será un apoyo, no un escollo”, agregó según citada por Metro PR.
Como parte de la propuesta, se asignaría un “Chief Financial Officer” (CFO) o director de finanzas que deberá supervisar los fondos federales en las cuentas del Departamento de Hacienda que acumularon unos $8,263 millones en fondos federales para agencias entre el año fiscal 2020 y el 2023, según especificó.
“De estos, $4,315 millones corresponden a subvenciones vencidas, o sea, para los cuales expiró el término concedido por la agencia federal para gastarlos. Las tres agencias con mayores balances de fondos vencidos no utilizados son el Departamento de Educación ($2,415 millones), el Departamento de Salud ($1,314 millones) y la Administración de Desarrollo Socioeconómico ($203 millones)”, enumeró González.
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