Redacción internacional.- La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó, casi al cierre de la legislatura, la creación de una canasta de higiene menstrual como una prestación a cargo del Ministerio de Desarrollo Social del país. La propuesta consiste en una transferencia de dinero que se acredita en una tarjeta de ayuda social –llamada Tarjeta Uruguay Social– cuyo único destino es la compra de estos productos.
Para que el proyecto se convierta en ley, el Senado debe aprobar el texto antes del 15 de septiembre, cuando termina la legislatura en un país que el próximo 27 de octubre tiene elecciones nacionales y parlamentarias.
La propuesta fue promovida por la diputada del oficialista Partido Colorado María Eugenia Roselló. En el informe que presentó a la Cámara, argumentó que el 48% de las mujeres uruguayas no se sienten cómodas al hablar sobre la menstruación con familiares y amigos hombres, según un informe de la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres (IWHC, por su sigla en inglés) y la app Clue. “Esto tiene importantes implicancias a nivel social y cultural: el silencio y estima alrededor de este tema se vuelve una barrera entre las personas menstruantes y aquellas que no lo son”, señala el informe.
“Parecería una obviedad señalar que la menstruación acompaña a las mujeres a lo largo de la mayor parte de su vida, y el acceso a productos sanitarios para mantener una higiene menstrual adecuada es esencial para la salud, la higiene y la participación en la vida social”, agrega.
Las mujeres que no acceden a estos productos se ven inhabilitadas en su “participación en actividades cotidianas”, asegura el informe de Roselló, que tuvo el respaldo de todo el sistema político. Esta limitación está dada tanto en la educación como en el trabajo y genera problemas en la “autonomía económica” y la “estabilidad laboral”. “Se vuelve así un factor de fuerte desigualdad”, sostuvo.
En Uruguay no existen estadísticas oficiales sobre el ausentismo en el trabajo y en la educación a causa de la menstruación. Sin embargo, el Banco Mundial ha estimado que a nivel global se pierden entre 10% y 20% de las clases por esta razón. “Esta ausencia se debe tanto a factores físicos como psicológicos, ya que las jóvenes expresan sentir confusión, vergüenza y miedo debido a las posibilidades de pérdidas o al mal manejo de los productos de higiene femenina”, agrega.
“Si bien ninguna mujer puede elegir si menstruar o no, el gasto en este tipo de productos es inevitable, y este gasto se vuelve una mayor carga en las mujeres con menos recursos”, dice el informe.
Roselló también se refirió a que en Uruguay el porcentaje de hogares pobres con mujeres jefas de hora es un 50% mayor que aquellas casas con jefes hombres. Además, hay viviendas en la que los varones son quienes administran el dinero, lo que provoca que el acceso a los productos menstruales sea aún “más difícil”.
Otro argumento para la aprobación de este proyecto fue que las mujeres ganan un 23% menos que los hombres, una diferencia que se ve profundizada si se toma en cuenta el gasto obligatorio que genera la compra de productos para la menstruación. “Se vuelve entonces un factor de discriminación para la población femenina, quienes deben afrontar la desventaja del costo de estos productos, y en caso de que no puedan hacerlo, utilizar métodos que no solo son inadecuados e indignos, sino que llegan incluso a poner en riesgo su salud”, expresó la diputada.
Cuando no hay dinero para la compra de los productos adecuados, las mujeres muchas veces recurren a trapos viejos y desgastados, que pueden generar infecciones y problemas que pueden derivar en la infertilidad.
El proyecto de ley aprobado establece que será el Poder Ejecutivo el que fijará el monto de la prestación, con la garantía de que debe ser “suficiente para cubrir las necesidades menstruales de las beneficiarias”.
