En la República Dominicana, la indignación ciudadana no necesita excusas para estallar, pero los diputados insisten en dar más razones. La Constitución y el Reglamento de la Cámara establecen que todo legislador debe rendir cuentas anualmente a sus electores. Sin embargo, la mayoría ha decidido ignorar esta obligación.
¿Dónde están los informes? No hay memorias públicas, audiovisuales ni ruedas de prensa que expliquen el uso de los recursos. Los diputados están ausentes, pero cobran puntualmente. Solo aparecen en fotos de redes sociales, cocteles de poder o actos de campaña.
El artículo 92 de la Constitución y el numeral 15 del artículo 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados establecen claramente esta obligación. De toda la provincia Santo Domingo, solo el diputado nacional Ramón Raposo presentó su memoria de gestión legislativa en Los Guaricanos. Los demás se esconden como si gobernaran en secreto.
La rendición de cuentas no es opcional. Es el núcleo de cualquier República decente. Sin embargo, muchos políticos le temen más a la transparencia que a la corrupción. Se sienten intocables, confiando en que el pueblo olvide rápido.
Este incumplimiento generalizado es una burla al electorado, un desprecio a la democracia y un acto de cobardía política. Un diputado que no rinde cuentas traiciona su mandato y convierte su cargo en un botín personal.
El país necesita representantes que expliquen qué leyes impulsaron, qué beneficios lograron y cómo usaron los recursos. Si no pueden hacerlo, no representan al pueblo: lo estafan.
Es hora de exigir a los diputados la misma responsabilidad que ellos exigen del pueblo. Quien no rinde cuentas debe ser tratado como corresponde en las urnas. REDACCIÓN FV MEDIOS