Santo Domingo.– El diputado Carlos Pérez, representante de la provincia Santo Domingo por el partido Fuerza del Pueblo, realizó un llamado urgente a las autoridades correspondientes para mitigar el caos en el tránsito generado por el inicio de la ampliación del Metro de Santo Domingo, específicamente en el tramo desde la Charles de Gaulle, en la parada Mamá Tingó, hasta San Felipe de Villa Mella.
La construcción, aunque necesaria para mejorar la movilidad en el largo plazo, ha ocasionado graves inconvenientes en el tránsito que afectan diariamente a más de 20,000 vehículos que circulan por la principal vía de Villa Mella Norte. Esta situación impacta también a más de 20 sectores, incluyendo comunidades como Yamasá y Monte Plata, cuyos residentes enfrentan dificultades significativas para desplazarse al llegar a sus lugares de trabajo. Esta situación también es enfrentada por los equipos del Sistema Nacional de Emergencias 911, que deben enfrentar los largos en taponamientos al acudir a un llamado de emergencias.
El legislador hizo un llamado al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), y al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte para que implementen de inmediato soluciones que alivien la situación. Pérez sugirió la habilitación de vías alternas, así como el acondicionamiento, asfaltado y señalización adecuada de las rutas afectadas.
“Es prioritario coordinar esfuerzos para garantizar el orden en el tránsito y reducir el impacto negativo que esta obra está teniendo en la calidad de vida de los ciudadanos, negocios y en escuelas públicas y colegios. Como ingeniero civil y ex presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano durante mi rol como regidor (2020-2024), pongo a disposición mi experiencia para colaborar en la planificación y ejecución de estas medidas necesarias”, declaró Pérez.
El diputado reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades para asegurar que las comunidades afectadas puedan enfrentar esta transición de forma más organizada y menos traumática, promoviendo siempre soluciones sostenibles y centradas en el bienestar colectivo.
