El primer ministro peruano, Alberto Otárola, renunció el martes tras la polémica surgida en su contra por la difusión de un audio en el que presuntamente se le escucha favorecer y ofrecer trabajo a una mujer, en un caso señalado por un grupo de legisladores como abuso de poder para obtener beneficios de carácter íntimo.
“Hoy en la conversación con la presidenta le he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros… para darle tranquilidad a la presidenta y pueda recomponer su gabinete como ella lo estime conveniente y pueda trabajar por los menos favorecidos”, dijo en conferencia de prensa Otárola, en su regreso anticipado desde Canadá debido al escándalo levantado.
La fiscalía ya había anunciado una investigación en su contra el lunes en la noche en la que señala a Otárola “como presunto instigador” del delito de corrupción en las modalidades de negociación incompatible y patrocinio ilegal.
La controversia detonó el domingo con la difusión en un programa de televisión local de una grabación de un supuesto diálogo entre Otárola y una mujer de 25 años que terminó trabajando clasificando expedientes por varios meses en 2023 en el ministerio de Defensa, cartera de la que él fue ministro.
En el audio, se escucha presuntamente la voz del primer ministro, quien le pide una cita a la mujer, le dice “amor”, “te quiero”, le pregunta por “sus gatitos” y le recuerda que no olvide enviarle su curriculum vitae.
No se dio a conocer la fecha exacta de la grabación del audio ni si la presunta conversación se dio cuando Otárola ya tenía un cargo como alto funcionario del gobierno de Perú.
La presidenta peruana, Dina Boluarte, dijo el lunes a través de un comunicado difundido desde su despacho que esperaría al regreso de Otárola, de un foro de inversiones mineras al que asistió en Canadá, para escuchar sus razones y adoptar las decisiones correspondientes.
El primer ministro era el funcionario más influyente en el gobierno de la mandataria, Dina Boluarte, desde el 21 de diciembre de 2022. Dos semanas antes de asumir esa cartera, ocupaba la de Defensa y antes de que la mandataria asumiera el mando fue su abogado personal.
También el lunes un grupo de parlamentarios presentó una moción de interpelación contra el primer ministro donde se indica que, a pedido de Otárola, se habría contratado de forma irregular a un total de siete mujeres.
El pedido apunta que los hechos conocidos “podrían vincularse al abuso de una posición de poder para coaccionar y obtener beneficios de carácter íntimo o sexual, lo que es una forma de acoso sexual”.
A su regreso a Perú, Otárola dijo ante la prensa que el audio difundido había sido editado con el propósito de “manchar su imagen” e indicó que quien estaba detrás de esto era el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), aunque no dio detalles ni presentó evidencias.
Afirmó que deben realizarse todas las indagaciones necesarias y quien “tiene que realizar el peritaje” del audio debe ser la fiscalía.
Antes del mediodía del martes, tres legisladores de diversas bancadas presentaron tres denuncias constitucionales por corrupción contra el primer ministro ante una subcomisión del Congreso. Es el paso previo para que el primer ministro pueda ser juzgado por la justicia ordinaria y luego, en caso de resolverse así, inhabilitado por 10 años para ejercer la función pública.
La mujer que aparece en el audio, Yaziré Pinedo, 32 años menos que el primer ministro, afirmó la noche del lunes en una entrevista con la televisora N que en enero de 2021 mantuvo una relación sentimental con Otárola por “menos de una semana”, pero que entonces él no era funcionario público.
La mujer afirmó que la difusión de esa grabación busca la destitución de Otárola.
Es la segunda investigación fiscal contra Otárola. En noviembre, la fiscalía lo denunció ante el Parlamento junto a la mandataria por homicidio calificado y lesiones graves en relación con los fallecidos durante las protestas sociales que exigían la renuncia de Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Un total de 49 peruanos fallecieron en choques con las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo.
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