El Primer Juzgado de la Instrucción de Santiago dictó sentencias por la Operación Discovery 2.0, confirmando responsabilidades penales dentro de una red tecnológica investigada. La decisión estableció que la estructura realizó fraudes electrónicos complejos contra cientos de adultos mayores en Estados Unidos, generando pérdidas millonarias mediante engaños digitales coordinados.
El tribunal determinó que las operaciones se desarrollaron de forma organizada y transnacional, utilizando herramientas tecnológicas para captar víctimas y mover recursos sin alertas inmediatas.
Como resultado del proceso judicial, fueron sentenciadas diecisiete personas físicas y dos personas jurídicas, señaladas como participantes activos del entramado financiero y operativo.
Entre los sentenciados figura Miguel Ángel Camilo Pérez, identificado como coordinador principal, quien recibió la pena máxima de siete años establecida por el tribunal. La acusación sostuvo que Camilo Pérez supervisaba contactos, logística digital y canalización de recursos, desempeñando funciones clave dentro de la estructura investigada.
También recibieron cuatro años Freddy William Urtarte, conocido como Metra, y Juan Armando Vásquez Ramírez, alias Peligro, por su rol asignado. La misma sanción fue impuesta a Erick Ángel Peña Núñez, vinculado a tareas de soporte operativo y contacto con plataformas empleadas.
La lista incluye además a Hayler Andrés Olivares Núñez, Tripplehmusic, Kelvin Antonio Carmona Sánchez, Calvin, y Deuris Antonio Franco De La Cruz.
Según lo probado, cada uno cumplió funciones específicas que sostuvieron el esquema durante un período prolongado, afectando a numerosas personas en territorio estadounidense.
El expediente describió el uso de identidades falsas, comunicaciones digitales y plataformas financieras para generar confianza y obtener transferencias irregulares de manera sostenida.
Durante el proceso, el Ministerio Público presentó evidencia documental, pericial y testimonial, permitiendo reconstruir rutas de recursos y jerarquías internas.
El tribunal valoró que las personas afectadas fueran adultos mayores, considerados población vulnerable, elemento que influyó en la individualización de las sanciones.
Las dos personas jurídicas fueron consideradas responsables por facilitar estructuras administrativas y financieras usadas para ocultar y movilizar recursos del esquema.
La sentencia incluyó sanciones accesorias previstas en la normativa vigente para casos tecnológicos y financieros de alcance transnacional.
Autoridades señalaron que el fallo reafirma las capacidades institucionales para procesar casos complejos con cooperación internacional sostenida en la región caribeña.
Las condenas corresponden a hechos probados dentro de la Operación Discovery 2.0, según la decisión emitida por el tribunal del distrito judicial de Santiago.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**