NUEVA YORK – Unos $1,000 millones en fondos asignados para la reconstrucción de Puerto Rico se encuentran paralizados y en espera de que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, autorice su uso, reveló el director ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Eduardo Soria Rivera.
En entrevista con El Vocero esta semana, Soria Rivera especificó que llevan desde el verano esperando que el DHS, cuya jurisdicción incluye a la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA), apruebe la liberación del dinero.
Los fondos corresponden a partidas para proyectos que exceden los $100,000 dólares.
“Se han tardado desde el verano, pero no es algo para levantar bandera, ya que la situación es similar para el resto de las jurisdicciones, al punto que no fue hasta hace poco que a Georgia le liberaron como un billón y pico”, expuso el funcionario.
En junio pasado, el DHS informó, a través de un memo, que todos los contratos y subvenciones que impliquen el desembolso de esa cantidad de dinero o más, deben ser aprobados directamente por la secretaria.
COR3 es la entidad encargada en la isla de desembolsar los fondos federales para proyectos de obra pública permanente en municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro, que son precisamente los más costosos.
El director de COR3 argumentó que, en la lista de proyectos, hay solicitudes de nuevas obligaciones, peticiones para transferir dinero de proyectos cancelados a otros y el pedido de fondos extra para obras ya iniciadas.
“Hay de todo en esa lista, por lo que lo hemos manejado internamente y de manera estructurada. Por ejemplo, hay un proyecto de AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) con una obligación de $12 millones que está allá, pero la corporación pública puso el dinero ellos en lo que esperamos por el visto bueno de FEMA”, detalló.
La espera por la aprobación del desembolso de dinero también ha afectado proyectos bajo lo que se conoce como Estrategia de Obligación Acelerada (FAASt). Dicha estrategia de FEMA permite agrupar proyectos de infraestructura críticos con el fin de acelerar, por ejemplo, los trabajos en la red eléctrica de Puerto Rico.
Entre las medidas que está discutiendo la oficina con la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) para atajar el impacto de la parálisis está que el organismo federal les autorice garantizar las obligaciones de fondos.
También le han pedido autorización a la Junta para utilizar el Fondo Rotativo Estatal para mitigar cualquier potencial discrepancia con el DHS sobre la aprobación del dinero.
En otra entrevista, pero con El Nuevo Día, Soria Rivera celebró que, a pesar de los nuevos controles impuestos a nivel del gobierno federal, la oficina supuestamente reportó un incremento en desembolsos en comparación con el año anterior.
En específico, el funcionario afirmó haber “validado” unos $4,000 millones en gastos reclamados por los subrecipientes en lo que va de año, en comparación con los, aproximadamente, $3,200 millones en el 2024.
Sobre la diferencia entre esas cifras y las que aparecen en el Portal de Transparencia de COR3 ($2,403 millones), lo atribuyó al programa Working Capital Advance (WCA) que altera, según Soria Rivera, la medición del ritmo real de ejecución de proyectos.
A través de WCA, que empezó a implementarse en el 2022, se proveen fondos por adelantado a los subrecipientes para iniciar los proyectos de reconstrucción financiados por FEMA. La estrategia busca atender el problema de falta de efectivo y responder al modelo de reembolso mediante el adelanto de hasta un 75% del financiamiento.
Con respecto a WCA, Soria Rivera también informó que LUMA Energy tuvo que devolver más de $141 millones otorgados anticipadamente al no cumplir con los requerimientos que impone el programa. La compañía encargada de la red eléctrica en la isla podría tener que restituir otros $333 millones, ya que “no pudo demostrar ejecución de proyectos o que la documentación que presentó fue pobre”.
“Ahora mismo hay más de $333 millones que tiene de WCA que, de no poder someter la documentación suficiente para que sean reconciliados al 31 de diciembre, también los van a tener que devolver”, alertó Soria Rivera. Al momento, LUMA maneja unos $1,125 millones para reparar el sistema de distribución y transmisión de energía en la isla.
Por otro lado, el consorcio, contra el que el gobierno de Puerto Rico presentó varias demandas en busca de que se declare nulo el contrato de operación, cuenta con otros $204,549,214 del programa en una cuenta bancaria que aún no ha gastado.
“El que ellos tengan que devolver dinero evidencia que lo que hay por parte de LUMA es un problema de ejecución de obras y no necesariamente ‘cashflow’, por lo que se supone que la situación con los fondos federales no conlleve un aumento en la factura (eléctrica)”, planteó el director de COR3.
El entrevistado no descartó remover a la empresa de WCA debido a la supuesta ineficiencia, ya que la dependencia se expone a que el gobierno federal cancele el programa.
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