**Por FV Medios**
El presidente afirmó recientemente que el 80% de la deuda tomada por su gobierno ha servido para pagar compromisos de administraciones anteriores. Esta declaración ha generado un intenso debate. Los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Ministerio de Hacienda confirman que el planteamiento es parcialmente cierto, aunque debatible, ya que la composición del gasto público revela baja inversión de capital y crecimiento sostenido del gasto corriente durante estos años.
**Un ciclo que viene de lejos**
Entre 2008 y 2019, República Dominicana experimentó años de expansión económica acompañados de déficits fiscales persistentes. Durante este período, el gasto corriente creció más rápido que los ingresos, los subsidios se mantuvieron elevados y los déficits presupuestarios se cubrieron sistemáticamente con deuda.
Esta dinámica de gastar más de lo que se recauda consolidó una pesada herencia: una deuda pública que en 2020 alcanzaba el 71.2% del PIB, según datos del FMI.
El actual gobierno, al asumir en 2020, enfrentó el triple desafío de refinanciar vencimientos, cubrir amortizaciones e intereses, y mantener la operatividad del Estado durante la pandemia global y crecientes presiones inflacionarias.
**El descenso relativo de la deuda**
Según el FMI, la deuda consolidada del sector público ha mostrado una evolución positiva: del 71.2% del PIB en 2020 al 62.2% en 2021 y 58.8% en 2022, con una proyección de 50.6% para 2029.
Esta tendencia refleja una mejoría relativa, no una reducción absoluta. El país sigue debiendo más en términos de monto nominal, pero el crecimiento del PIB permite que el peso de la deuda sea menor sobre la economía.
**Amortizaciones y nueva deuda: la raíz del 80%**
El Ministerio de Hacienda muestra que entre 2021 y 2024 República Dominicana amortizó 12,870 millones de dólares, mientras el incremento neto de la deuda fue de 12,964 millones.
La relación casi uno a uno valida en gran medida la afirmación presidencial: efectivamente, gran parte de la deuda contratada se ha destinado a pagar la existente.
Es lo que en economía se conoce como “rollover debt” o deuda de renovación: un mecanismo común en países con déficits estructurales donde se emite nueva deuda para cubrir vencimientos, intereses o déficits del año fiscal anterior.
**El espejo regional**
La situación dominicana no es aislada en el contexto latinoamericano. En Costa Rica, cerca del 75% de las emisiones de deuda de 2023 se destinaron a refinanciar pasivos anteriores, según su Ministerio de Hacienda.
En Colombia, el 68% de la deuda interna colocada entre 2022 y 2024 se usó para amortizaciones. Y en Panamá, el 60% de las emisiones de 2023 sirvió para cubrir vencimientos de bonos soberanos.
Estas cifras reflejan una realidad regional preocupante: los países que arrastran déficits fiscales terminan usando gran parte de su deuda nueva para pagar la vieja.
**El otro lado de la moneda: baja inversión y alto gasto corriente**
Aunque el planteamiento presidencial tiene sustento técnico, también es debatible porque el uso del endeudamiento no ha estado acompañado de un aumento proporcional en la inversión pública.
La inversión de capital, medida como porcentaje del PIB, se ha mantenido en niveles históricamente bajos, por debajo del promedio regional, mientras que el gasto corriente ha crecido, impulsado por subsidios, nómina y transferencias sociales.
En otras palabras, el Estado ha gastado más en mantener la maquinaria actual que en construir futuro, lo que reduce significativamente el impacto productivo de cada dólar prestado.
**La continuidad del ciclo y sus verdaderos costos**
La deuda es una dinámica continua. Así como este gobierno ha pagado buena parte de los compromisos heredados, el próximo también tendrá que pagar lo que este ha tomado.
Pero lo realmente importante, y lo que pocas veces se enfatiza, es que quienes terminan pagando esa deuda no son los políticos que se disputan la razón, sino los ciudadanos.
Somos los contribuyentes, los consumidores y los trabajadores quienes asumimos el costo, a través de impuestos, inflación o servicios públicos limitados.
**Conclusión**
La afirmación de que el 80% de la deuda ha servido para pagar deudas pasadas es una verdad con matices importantes.
Refleja una práctica común en economías con déficits estructurales, pero no exonera de responsabilidad a la gestión actual.
Mientras la inversión pública siga baja y el gasto corriente alto, el país continuará atrapado en un ciclo donde se pide prestado principalmente para pagar y operar, más que para transformar y desarrollar.
Romper ese patrón requerirá más que buena administración: hará falta una regla fiscal efectiva, una reforma estructural del gasto y una visión de desarrollo que use la deuda como motor de crecimiento, no como muleta para la operación diaria.
Porque al final, como bien señala la evidencia, la deuda no la pagan los gobiernos, la pagan los ciudadanos.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**