Se trata del mayor escándalo de fraude de subsidios europeo en el país, que salió a la luz el pasado verano durante una investigación de la Fiscalía Europea, cuando se detectó una serie de pagos irregulares realizados a través de la agencia nacional encargada de … la distribución de los fondos agrícolas europeos (OPEKEPE, por sus siglas en griego).
Durante esta investigación preliminar se identificó un total de 324 personas que habrían recibido entre abril de 2018 y mayo de 2022, subsidios agrícolas por un valor de 19,6 millones de euros. El expediente incluye a 125 acusados, 42 de los cuales —según las autoridades—formarían parte de la organización criminal que se encargaba de la falsificación de documentos, el cobro ilegal de las ayudas y el lavado de capitales.
Tras una inspección realizada por funcionarios europeos en las oficinas de Atenas de la OPEKEPE, el miércoles se procedió a la detención de 37 personas por fraude criminal contra los intereses económicos de la Unión Europea y de Grecia. Este jueves han declarado ante a las autoridades helenas y europeas 34 de los 37 acusados. En declaraciones a los medios griegos, sus abogados dijeron que sus clientes no aceptan los cargos y que no falsificaron documentación para recibir subsidios ilegales de OPEKEPE.
Los imputados
Los cabecillas de la red son un agricultor de 38 años y un trabajador de 36, empleado en una de las oficinas de recepción de documentación de OPEKEPE. Este último, aprovechando su alto conocimiento del funcionamiento de las ayudas, se encargaba, supuestamente, de localizar tierras de cultivo y pastos que no habían recibido ayudas previas y registrarlas a nombre de terceros: a veces de los propios miembros de la red y otras de personas que actuaban como tapadera, para cobrar las ayudas. También se encargaba de elaborar informes económicos falsos y registrar contratos de alquiler virtuales.
Un hombre de 68 años actuaba como intermediario financiero, moviendo dinero entre los miembros y facilitando el blanqueo de capitales, mientras que un contable de 54 años presentaba las declaraciones ante la autoridad fiscal (AADE, por sus siglas en griego) en nombre de los socios implicados. Además, once personas más aparecen como propietarios o arrendadores ficticios de bienes declarados, mientras que otros veintiséis están acusados de haber aportado información fraudulenta sobre propiedades y ganado para obtener ayudas económicas ilegales.
Uno de los acusados, un famoso sindicalista de Creta, conocido por el apodo de `El frapés´, habría recibido supuestamente 2,5 millones de euros en ayudas tras declarar de forma ilícita varias propiedades. A pesar de que en su posesión se ha encontrado ocho vehículos de lujo —entre ellos un `Jaguar´—, niega la ilegalidad de las ayudas recibidas y afirma que las tierras fueron registradas por error.
Falsificación documental
La red se encargaba de falsificar contratos de arrendamiento y propiedad de los terrenos que, en muchas ocasiones, ni siquiera existían o estaban ubicados en sitios arqueológicos, aeropuertos militares, zonas protegidas e incluso en el extranjero. Según la investigación, debido a una falla en el sistema electrónico de la plataforma de OPEKEPE, los acusados ni siquiera necesitaban falsificar los certificados de propiedad de los terrenos; simplemente subían documentos en blanco en el apartado correspondiente a la propiedad de las parcelas, los cuales eran interpretados por el sistema como auténticos, lo que permitía la aprobación de las ayudas sin una verificación documental adecuada.
También se encargaban de la declaración de los cultivos y del ganado, con datos inflados que eran incompatibles con los de Registro Nacional de Ganado. Destaca también que la gran mayoría de los beneficiarios de las ayudas ilegales no eran agricultores, sino trabajadores y empresarios de otros sectores. Entre los acusados hay camareros, cocineros, DJ, trabajadores de la construcción y electricistas.
Los primeros datos apuntan a que, desde 2018 a la actualidad, la red se habría embolsado ilegalmente más de cinco millones de euros, aunque las autoridades recuerdan que la investigación sigue en curso y que no se descarta que el monto supere los diez millones de euros. Por el momento, se ha ordenado la congelación de activos y se ha iniciado una auditoria de las cuentas bancarias relacionadas.
La red criminal está siendo investigado por fraudes realizados entre 2024 y 2025 relacionados con el cobro de los fondos agrícolas, pero también de las ayudas para los damnificados del temporal Daniel, que azotó la región de Tesalia (Grecia continental) en 2023.
Implicación del Gobierno
La Fiscalía Europea incluyó en uno de los informes los nombres de los dos ministros de Agricultura entre los años 2019 y 2022, Makis Voridis y Lefteris Avgenak, del partido conservador Nueva Democracia.
El pasado junio, Voridis y otros ministros y exministros presentaron su dimisión por su supuesta implicación en este caso de malversación de fondos europeos.
El principal partido de la oposición, el socialista PASOK-KINAL, solicitó entonces una comisión parlamentaria para investigar las responsabilidades penales de los dos exministros conservadores. Sin embargo, no prosperó gracias a los votos en contra del partido gubernamental Nueva Democracia, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento