La Policía de Italia desmanteló este miércoles una organización criminal transnacional que había puesto en marcha la mayor red dedicada a la piratería audiovisual en Europa. Generaba 3.000 millones de euros al año y proporcionaba contenidos de forma ilegal a más de 22 millones de usuarios.
La Policía italiana, junto con la de otros países, ejecutó así la que ha sido considerada la mayor operación contra la piratería llevada a cabo en Europa. Han sido investigadas 102 personas en siete países diferentes por su relación con el entramado criminal.
La organización utilizaba un sistema informático sofisticado con IPTV ilegales que captaban y vendían ilegalmente los programas en directo y bajo demanda protegidos por derechos televisivos. Los contenidos eran propiedad de las plataformas televisivas más conocidas a nivel nacional e internacional, como Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount, Disney+.
En total, los agentes confiscaron más de 2.500 canales ilegales y servidores que gestionaban la mayoría de las señales ilegales en Europa, con los cuales los presuntos delincuentes generaban un negocio ilegal de más de 250 millones de euros mensuales. La macrooperación, denominada Taken Down y coordinada por la Fiscalía de Catania, se saldó con la orden de detención de 11 presuntos criminales en Croacia, según explicó la Policía italiana.
Más de 270 agentes de la Policía Postal italiana realizaron 89 registros en 15 regiones del país. Fuera, los cuerpos de seguridad extranjeros llevaron a cabo 14 inspecciones en Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Suiza, Rumanía, Croacia y China.
Las investigaciones de la Policía Postal permitieron identificar las sedes extranjeras en Rumanía y Hong Kong, donde se localizaron nueve servidores a través de los cuales se distribuía la señal pirata por toda Europa. También se encontraron en Reino Unido y Países Bajos administradores de nivel superior de la estructura informática investigada y 80 paneles de control de los flujos de streaming para los diferentes canales disponibles.
Durante los registros, el martes se confiscaron criptomonedas por un valor superior a 1.650.000 euros y más de 40.000 en efectivo. Las autoridades calculan que el negocio ilegal generaba alrededor de 3.000 millones de euros anuales y causaba más de 10.000 millones de euros en daños económicos a las empresas que gestionaban las plataformas de pago.
Las autoridades explicaron, además, que la red trabajaba con una “compleja, extensa y detallada infraestructura informática“. Contaban con un “modelo jerárquico con roles bien definidos” y utilizaban identidades falsas para evitar las investigaciones policiales.
