Representativos sectores nacionales están ahora de pie contra los retrocesos incluidos en el proyecto de un nuevo Código Penal, enfrentamiento social equiparable a las movilizaciones ciudadanas que en anterior tiempo salvaron a Los Haitises de que le instalaran una fuente de contaminación industrial y las que salieron al frente a una reforma constitucional para retener el poder también al vapor y en forma imprudente y extemporánea institucionalmente hablando.
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La conveniente y súbita decisión en zig zag de no aprobar ayer mismo en segunda y definitiva lectura por los diputados el proyecto que enciende repulsas incluye una implícita convocatoria a que el texto de marras sea ventilado en vistas públicas, detalle por detalle, después de marchar como caña para el ingenio con negación a un democrático consenso para que no resultara, como se perfila, un documento inopinado visiblemente hiriente a una parte de la ciudadanía. Una mayoría mecánica se proponía pasar por alto los razonables argumentos de objeción que desde fuera del Estado, y hasta de algunos de sus entes importantes, intentan detener una legislación que anularía derechos y normas socialmente imprescindibles. La separación de facultades constitucionales no justificaría que uno de los poderes se mueva en desconcierto para adelante y para atrás al legislar sin las reacciones de contrapeso y fuerza moral del otro poder que debería sentirse obligado a defender sus propios criterios que han sido favorables a la colectividad.
