La divergencia entre el Ministerio Publico y querellantes sobre los bienes inmuebles y muebles que serían devueltos por seis imputados en el caso de Calamar, a los cuales se les solicitó un criterio de oportunidad, motivó el aplazamiento de la audiencia de homologación por parte de la jueza.
La nueva fecha de la vista fue prorrogada para el 25 de julio, después que incluso se les entregara a los acusados que se oponen a la negociación con el órgano acusador una resolución en la que se decidió que no tenían calidad de participar en la audiencia.
La magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, declaró inadmisible la solicitud de los acusados, encabezados por Gonzalo Castillo, cuyas defensas afirman que tienen derecho a participar en la audiencia de homologación del criterio de oportunidad para oponerse al mismo por ser “ilegal”.
Los que serían beneficiados, de ser acogida la petición del Ministerio Público, con el criterio de oportunidad y se dejarían fuera del proceso penal, serían Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L.
La prórroga se hizo “bajo el criterio de que era necesario de que se sometiera un listado más acabado de los bienes muebles e inmuebles que van hacer entregado”, informó el abogado de la familia Gatón, que habría sido estafada con más de 1,200 millones por la supuesta red.
Martín Rubiera, representante de los Mota, otro clan defraudado en la expropiación de terrenos para ser declarados de utilidad pública, dijo también que “aún no hemos llegado a un acuerdo”.
Sostuvo que persiguen también que los que han acordado con el órgano acusador los reparen en daños y perjuicio.
“Se van con 7,615 millones en los bolsillos”
La abogada Laura Acosta, parte del equipo que representa al eximinsitro y candidato Gonzalo Castillo, adelantó que recurrirán la decisión de la jueza de excluirlos en la audiencia de homologación del acuerdo con los seis señalados, el que dijo se acordó por “la parte trasera”
Dijo que Ramón Emilio Collie y José Arturo Ureña “se van con 7,615 millones en los bolsillos” con la negociación con el Ministerio Público y que insistió es irregular.
“El señor Ramón Emilio Collie y José Arturo Ureña tienen una empresa que se llama Trossachs Enterprises que en la medida de coerción se dice que esa empresa se cogió, a través del reconocimiento de deudas y de expropiaciones 7,615 millones que hoy son beneficiarias con el criterio de oportunidad. Esa empresa no está imputada, no están en ningún acuerdo, no está en ninguna parte y los dos socios de esa empresa que son socios a través de otra empresa que tampoco están imputada se van con 7,615 millones en los bolsillos”, dijo la togada.
La supuesta red que defraudó al Estado dominicano y a varias familias es encabezada, además de Castillo por los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta. También se imputa al exsenador de Azua, Rafael Calderón y varios abogados, entre ellos Ángel Lockward, Juan Tomas Polanco Céspedes y los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández.
El fraude se habría cometido en los pagos por expropiaciones de terrenos declarados de utilizada pública, en un proyecto que se creó para extorsionar bancas de loterías y en sobornos a empresarios para que financiaran la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desde el 2019.
