El Gobierno del presidente Donald Trump ha desmantelado de manera discreta una oficina clave dentro del Departamento de Justicia (DOJ) que durante más de seis décadas facilitó el acceso a representación legal a inmigrantes de bajos ingresos, según información divulgada por CBS News y confirmada por fuentes cercanas al proceso.
Se trata del Programa de Reconocimiento y Acreditación (R&A), una iniciativa administrada por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que permite acreditar a trabajadores de organizaciones comunitarias, sin ser abogados, para brindar asesoría legal en trámites migratorios.
El objetivo de la iniciativa es aumentar la disponibilidad de representación legal “competente” en materia de inmigración para personas de bajos ingresos e indigentes, promoviendo así una administración de justicia eficaz y eficiente, según el Departamento de Justicia de EE.UU.
Sin embargo, de acuerdo con fuentes con conocimiento directo, los abogados encargados de operar el programa fueron reasignados la semana pasada a tribunales de inmigración, dejando únicamente a dos empleados administrativos sin facultades para aprobar nuevas acreditaciones o renovaciones.
Reasignaciones y falta de claridad
Las órdenes de reasignación habrían sido emitidas por Jamee Comans, funcionaria interina de la Oficina de Políticas de la EOIR. Los abogados afectados comenzaron a presentarse en sus nuevos puestos esta semana, donde, según las fuentes, fueron ubicados en funciones de nivel inicial, una medida que ha generado inquietud dentro del sistema.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha hecho un anuncio oficial sobre estos cambios. Un portavoz de la EOIR declinó comentar sobre asuntos de personal, mientras que un funcionario de la administración aseguró que el programa no será eliminado, ya que está establecido por regulación federal.
No obstante, expertos advierten que la desarticulación operativa del programa podría paralizar temporalmente su funcionamiento. El R&A cuenta actualmente con más de 2,600 representantes acreditados en unas 900 organizaciones, incluyendo grupos como Catholic Charities y Jewish Family Services, que brindan asistencia a inmigrantes en procesos como solicitudes de residencia, naturalización o asilo.
Impacto en un sistema saturado
Organizaciones legales y defensores de inmigrantes han expresado preocupación por el impacto de esta medida en un sistema migratorio ya sobrecargado. Anna Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network Inc., calificó la situación como “alarmante” y advirtió que el programa no solo salva vidas, sino que también ayuda a reducir el rezago en los tribunales.
“El sistema ya está colapsado y los abogados no dan abasto. Cualquier intento de frenar este programa solo agravará la situación”, señaló.
La medida se suma a otras acciones recientes del Departamento de Justicia que han endurecido el acceso al sistema legal migratorio. Entre ellas, la eliminación de programas de orientación legal para migrantes vulnerables, el despido de más de 100 jueces de inmigración y nuevas restricciones para apelar decisiones adversas.
Además, fallos recientes han ampliado la detención obligatoria de inmigrantes que cruzan la frontera sin inspección, lo que ha incrementado la presión sobre tribunales federales y centros de detención.
Para especialistas como Greg Chen, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, los representantes acreditados son esenciales para garantizar procesos justos. “Muchos inmigrantes no comprenden el sistema legal ni dominan el inglés. Sin esta ayuda, quedan en clara desventaja”, afirmó.
Por su parte, Peggy Gleason, abogada del Immigrant Legal Resource Center, fue más allá al señalar que este desmantelamiento representa un “ataque a la libertad religiosa”. El programa, nacido en la década de 1950, tiene raíces profundas en comunidades de fe que consideran la asistencia al necesitado como un deber pastoral.
Al asfixiar administrativamente el programa, el gobierno no solo frena el flujo legal de casos, sino que bloquea la labor humanitaria de cientos de iglesias y organizaciones en todo el país. Aunque fuentes indicaron que el programa podría ser trasladado a otra oficina con escasez de personal, persiste la incertidumbre sobre su futuro inmediato.
Mientras tanto, defensores advierten que la interrupción de este servicio representa un golpe significativo al acceso a la justicia para miles de inmigrantes en Estados Unidos.
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