Santiago.- La oficina de abogados Ulloa & Asociados denunció que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) colocó en un limbo jurídico el expediente número 00-4-2024-PRAD-00002 correspondiente a la solicitud de declinatoria por sospecha legítima sometida por Victorino Antonio Hernández, por ante el Pleno de la Suprema en contra de los jueces del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, en el Seibo.
“A pesar de que la instancia en solicitud de declinatoria data del mes de enero, hasta la fecha la misma no ha sido objeto de conocimiento”, subraya una nota de la firma Ulloa & Asociados.
Precisa que no obstante la gravedad de los hechos denunciados, la instancia cursante por ante la Suprema Corte de Justicia ha sido lanzada al zafacón del olvido, situación que coloca dicho proceso en una especie de limbo jurídico, en vista de que actualmente ningún tribunal puede conocer del caso de Victorino Hernández hasta tanto la Suprema Corte de Justicia decida a qué departamento judicial enviaría el expediente.
Señala que la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del conocimiento de dicha declinatoria, tiene la facultad de apoderar para la continuación del conocimiento de dicha Litis a uno de los Tribunales Superiores de Tierras restantes , ya sea el de la región Nordeste, el Norte o el Tribunal de Tierras del Departamento Central.
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La oficina de abogados Ulloa & Asociados denunció que Victorino Antonio Hernández fue víctima de un complot típico de una asociación de malhechores, integrada por comerciantes y buscones inmobiliarios que en componenda con operadores del sistema le despojaron de su propiedad, la parcela 67-B-4-484, del DC11/3, del Municipio de Higuey.
Indica que mediante la sentencia número 2020-00215, de fecha 8 de julio del 2020, emitida por el juez Manuel de Jesús Ceballos, misteriosamente dispone: a) vuelve a adjudicarle el inmueble a Diego Calderón Mercado (primer titular), a pesar de que dicho inmueble ya había sido objeto de cinco traspasos, sin que ninguno de los subsiguientes propietarios fuera objeto de demanda, incluyendo el señor Hernández (último titular), y b) reconoce un supuesto acto de venta del 30 de mayo del 2006( instrumentado en el año 2020), mediante el cual Calderón Mercado “le vende a Inversiones Tropicaribe SAS”, el inmueble de marras, propiedad del señor Hernández sin que dicho acto haya sido presentado e inscrito por ante la Dirección General de Impuestos Internos ni por ante el Registrador de Títulos de Higuey, en virtud de este acto el tribunal ordena al Registrador de Títulos de Higuey transferir el inmueble propiedad de Victorino Hernández a favor de Inversiones Tropicaribe S. A. S.
La firma de abogados Ulloa & Asociados indica que el juez Manuel de Jesús Sánchez Ceballos es reincidente en estas actuaciones, lo que ha dado lugar a que dicho magistrado haya sido objeto de varias querellas disciplinarias y por ante el Departamento de inspectoría judicial de la Suprema Corte de Justicia, se encuentra pendiente de fallo el expediente número 2021-010538, contentivo de querella disciplinaria interpuesta en contra del magistrado Manuel de Jesús Sánchez Ceballos.
“A las actuaciones de dicho magistrado se suman la de la magistrada Keila Elizabeth González Belén y otros jueces del Tribunal de Tierras del Departamento Este, situación que motivó a que el señor Victorino Antonio Hernández se viera obligado a apoderar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de una instancia en declinatoria por sospecha legítima en contra de los magistrados del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este”, concluye Ulloa y Asociados.
AQ
