Defensores de los derechos de los inmigrantes protestaron por el aumento del 1,200% en las transferencias de inmigrantes y refugiados para su deportación, por parte de las autoridades del Departamento del Alguacil del condado de Orange hacia el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Integrantes de varios organismos denunciaron la continuidad de la colaboración voluntaria “dañina” del alguacil Doug Barnes con ICE, en aparente violación de la ley Revisión Transparente de California sobre Transferencias y Retenciones Injustas (TRUTH Act) de inmigración, la cual consideran que “debe terminar”.
Faby Jácome, directora ejecutiva del Fondo de Justicia del Condado de Orange, resaltó frente al edificio de la Junta de Supervisores del condado que los llamados Foros de la Ley de la Verdad “son completamente inaccesibles para la mayoría de los miembros de la comunidad”, porque se efectúan cuando la gente está trabajando.
La activista latina dio a conocer que este año, el Instituto Harbor para la Justicia Económica y de Inmigrantes publicó un informe que muestra una descripción detallada de la colaboración del Departamento del Sheriff del condado de Orange (OCSD) con ICE.
En 2023, OCSD remitió a 302 miembros de la comunidad a ICE y finalmente transfirió a 221. Los mexicanos y vietnamitas sumaron aproximadamente el 80 % de esas transferencias.
Los datos obtenidos por el Harbor Institute for the Economic Justice revelaron que el número de transferencias por parte del OCSD a ICE en 2022 totalizaron 17, aunque presentaron un marcado contraste en 2023: se registró un incremento del 1200%, con 220 miembros de la comunidad que fueron transferidos a las autoridades migratorias.
El informe no menciona las causas de dichas transferencias. La oficina del alguacil Doug Barnes tampoco respondió a la petición de dicha información solicitada por La Opinión ni dio a conocer el costo que significaba para el condado la detención de los inmigrantes en sus instalaciones carcelarias y el uso de personal en tareas de inmigración.
Durante el Foro de la Ley de la Verdad, el supervisor Vicente Sarmiento (Distrito 2), un aliado de los inmigrantes, cuestionó al alguacil Don Barnes, quien respondió que su oficina no realiza tareas de inmigración, pero que sí colabora con ICE.
Por su parte, la supervisora Katrina Foley (Distrito 5) abogó verbalmente para que a los ciudadanos se le brinde acceso a la información pública relacionada con la cooperación de las autoridades del condado con ICE.
La pesadilla de Kelvin Hernández Román
Kelvin Hernández Román, salvadoreño de 36 años que logró escaparse de la deportación, dejó en claro que seguirá en la lucha por la defensa de los miembros de la comunidad que han sido arrestados por agentes del alguacil del condado de Orange y entregados a inmigración para ser deportados.
Hernández Román, nacido en Santa Ana, El Salvador, fue arrestado el 13 de junio de 2019 en la ciudad de Tustin.
Como trabajador de Uber, había llevado a un pasajero a un hotel y cuando se retiraba, una patrulla de ese lugar lo siguió. Fue detenido porque su automóvil tenia los vidrios polarizados y, por su propia seguridad, tenía una pistola paralizante de Amazon que vale $17.00.
“Fui detenido y enviado a la cárcel del condado en Santa Ana; de ahí me transfirieron a la cárcel de Theo Lacy -también en esa ciudad-“, dijo Kelvin.
El 16 de junio, el inmigrante salvadoreño fue presentado ante un juez. Nunca le presentaron cargos criminales.
“Estaba contento y feliz de que no había cargos en mi contra”, dijo a La Opinión.
Sin embargo, fue detenido hasta que fue entregado a la agencia de ICE. A él, autoridades del alguacil nunca le notificaron si había una orden de retención migratoria. Tampoco se lo dijo el traductor de la corte.
Cuando lo regresaron a la cárcel de Theo Lacy fue informado para que recogiera sus pertenencias porque iba a ser liberado.
Enseguida fue colocado en una línea de los que iban a salir de la cárcel, pero notó que en las paredes había posters de ICE.
“Pregunté qué pasó y el oficial me dijo que no me podía decir nada”, recuerda. “A la medianoche del 16 de junio vinieron los agentes de inmigración y me llevaron a Los Ángeles”.
Allí comenzó la pesadilla de Kelvin.
Le tomaron sus huellas; volvió a ser llevado a las oficinas de inmigración en Santa Ana y, luego lo transportaron hacia el centro de procesamiento de ICE en Adelanto donde estuvo encerrado por nueve meses.
Por suerte, Kelvin sabía de la ley SB 54 y pudo contactar a la abogada Jessica Karp Bansal de la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, quien tomó su caso.
Tras una demanda colectiva de la ACLU, en el caso Román v Wolf, el juez Terry J. Hatter Jr., magistrado del Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California otorgó la solicitud de fianza para Kevin, quien fue liberado el 14 de julio de 2020.
Así, Kelvin se convirtió en el primer hombre liberado de Adelanto, debido a los riesgos para la salud que había en el centro de detención debido a la pandemia de Covid-19. Otros 3,500 detenidos también fueron liberados con un grillete en el tobillo.
“Gracias a Dios, mi pesadilla terminó cuando obtuve mi permiso de trabajo, pero aún me siento nervioso, no solo porque me ayudé a mí mismo y a miles más con mi caso, sino que aun siento la zozobra por mi familia, sin saber si algún día seré deportado”, expresó Kelvin.
“El sistema de inmigración está roto y nadie revisa los casos de manera digna y respetuosa de los derechos de los inmigrantes”.
La Ley de Valores de California (SB 54) del ahora concejal de Los Ángeles, Kevin de León, garantiza desde 2017 que no se utilicen recursos estatales y locales para ayudar a la aplicación de la ley de inmigración federal y que nuestras escuelas, hospitales y juzgados sean espacios seguros para todos en nuestra comunidad. Entró en vigor el 1 de enero de 2018.
Los números del OCSD
En el 2023, un total de 547 reclusos liberados de la Cárcel del Condado de Orange tenían órdenes de retención de ICE, lo que significa que esta dependencia migratoria solicitó que el Departamento del Alguacil del condado de Orange (OCSD) les notificara cuando los reclusos serían liberados de la custodia local.
El propósito de dicha notificación era que ICE cumpliera con su responsabilidad de poner bajo custodia al recluso liberado. OCSD notificó a ICE sobre 302 de esos 547 reclusos una vez que los detenidos completaron su tiempo bajo custodia local.
El reporte del alguacil Barnes a la Junta de Supervisores indica que todos esos reclusos eran personas cuyas condenas penales cumplían con el requisito de la ley estatal para ser transferidos a la custodia de ICE.
De las personas elegibles para notificación, 221 fueron transferidas a la custodia de ICE. Con respecto a las otras 81 personas que, según la ley estatal, eran elegibles para ser transferidas a ICE, agencia que no tomó ninguna medida y estas personas fueron liberadas de regreso a la comunidad. Un total de 40 de estas personas fueron arrestadas nuevamente por nuevos delitos en el Condado de Orange.
De acuerdo con Carrie Braun, portavoz del OCSD, la agencia del orden cumplió totalmente con los requisitos de la Ley TRUTH.
El único costo incurrido fue capacitar a los empleados sobre la Ley TRUTH”.
“No tengo una cantidad exacta gastada anualmente en esa capacitación”, dijo Braun a La Opinión.