La organización no gubernamental Cristosal reveló este jueves que más de 3,780 casos de personas han sufrido vulneraciones de derechos humanos durante la aplicación de un régimen de excepción en El Salvador destinado a combatir a las pandillas. Estas estadísticas, compartidas con EFE, abarcan desde el 27 de marzo de 2022 hasta la misma fecha de este año.
Según los datos de la ONG, en dos años de la medida se han recibido 3,643 denuncias por violaciones a los derechos humanos, con un total de 3,789 víctimas directas. La mayoría abrumadora de las denuncias, un 96,76%, se refieren a detenciones arbitrarias, seguidas por el 25,7% de casos de allanamientos ilegales de viviendas y el 9,9% de reportes por malos tratos.
El perfil de las personas afectadas muestra que el 57,4% son jóvenes de entre 18 y 30 años, mayoritariamente hombres. Le siguen en incidencia las personas de entre 31 y 41 años, con un 24,9 %, y las de 42 años o más, con un 12,8 % del total. Además, se han registrado 62 casos de personas de la comunidad LGBTIQ+ afectadas, siendo en su mayoría los agentes de la Policía Nacional Civil los señalados como victimarios.
El régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022 tras una ola de asesinatos durante un fin de semana, ha sido polémico, aunque ha contribuido a la reducción de homicidios en El Salvador y ha resultado en más de 78,500 detenciones.
Este régimen ha sido aceptado por una parte considerable de la población, especialmente por aquellos que viven en comunidades históricamente afectadas por la violencia de las pandillas, elevando así la popularidad del presidente Nayib Bukele.
Sin embargo, Amnistía Internacional emitió una alerta el miércoles y advirtió que la crisis de derechos humanos en El Salvador, derivada de la implementación del régimen, podría agravarse durante el segundo mandato del presidente Bukele.
La organización señaló que, a pesar de dos años de este régimen y de una serie de reformas a la legislación penal, el Estado salvadoreño continúa evadiendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, al mantener estas medidas como el principal componente de su estrategia de seguridad.
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