Representantes de la sociedad civil de la República Dominicana expusieron este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las condiciones “inhumanas” en las que se encuentra la población reclusa del país caribeño, donde predomina el hacinamiento.
El encargado de asuntos civiles y políticos de la Comisión de los Derechos Humanos dominicana, Juan Miguel Rondón, dijo que en las cárceles se presentan “constantes violaciones de los derechos humanos” y son recurrentes las denuncias de corrupción, tortura, hacinamiento, medidas cautelares que se convierten en penas anticipadas y falta de acceso a la sanidad y la educación.
En el sistema penitenciario dominicano coexisten dos modelos de gestión (el nuevo y el tradicional) en los 46 centros de reclusión del país, con una capacidad para 12.000 internos, aunque actualmente hay 26.000.
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Aproximadamente el 80 % de la población reclusa está constituida por presos preventivos y 1.825 por extranjeros, sobre todo de nacionalidad haitiana, apuntó.
Rondón acusó al Gobierno dominicano de “falta de interés político” para realizar la reforma penitenciaria que mejore unas condiciones de reclusión que “se convierten en una violación inaceptable de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
Explicó que el modelo penitenciario tradicional “está concebido como un mercado donde todo se vende (alcohol, drogas, armas) y todo se compra, hasta la vida humana. Es un cementerio de hombres vivos”.
Hacinamiento
Las actuales autoridades dominicanas “no han construido ni una celda para paliar el déficit” de plazas para albergar a la población reclusa, indicó Rondón, quien reveló que 405 internos deberían haber sido puestos en libertad, pero siguen presos por trámites burocráticos, mientras que el 40 % de las personas privadas de libertad lo está por delitos menores.
Fernando Antonio Abreu, también representante de la sociedad civil, puso el ejemplo de la situación de la cárcel capitalina de La Victoria, donde el hacinamiento es del 300 %, con una población estimada de 7.608 reos, siendo su capacidad de 2.000, situación que se extiende al resto de centros penitenciarios del modelo tradicional.
Del total de presos de La Victoria, 3.925 son preventivos y 3.683 tiene condenas en firme en su contra, indicó Abreu, que señaló que ese hacinamiento y la ausencia de segregación entre unos y otros impide la reinserción social de los privados de libertad.
Otro de los grandes centros penitenciarios, el 15 de Azua, tiene capacidad para 102 internos, pero su población es de 410, de los que 283 son preventivos y 127 condenados, expuso Abreu, quien desgranó las cifras de sobrepoblación en diferentes cárceles dominicanas, donde se duerme incluso en los pasillos.
En cuanto a las condiciones de salud de los presos, se explicó que el 34 % de la población reclusa está enferma y el 20 % padece algún trastorno mental, sin que haya atención psiquiátrica básica, y “las condiciones de insalubridad son incompatibles con las normas del sistema penitenciario”.
Según las cifras aportadas, 450 reos padecen tuberculosis y alrededor de 200 viven con VIH sin recibir medicación retroviral, no existe programa de medicamentos gratuitos, mientras las prácticas sexuales sin preservativo son comunes.
Respecto a la población reclusa femenina, se divide en diez recintos, de los que cuatro son mixtos, y los pabellones de las mujeres solo están separados de los de los hombres por una puerta. Las condiciones de hacinamiento no son tan extremas, pero similares, y lo mismo ocurre con la atención en salud e higiene.
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