Una de las quejas constantes que por años han venido denunciando padres de familia y tutores legales de niños en la Ciudad de Nueva York tiene que ver con la manera en que la Agencia de Servicios Infantiles (ACS) investiga las denuncias de presunto abuso y negligencia, que según afectados, llegan a ser muchas veces desproporcionadas e incluso abusivas e intrusivas.
Y este martes, varias familias afectadas por lo que definen como prácticas coercitivas y tácticas degradantes contra infantes y adultos, llevaron sus quejas a los tribunales e interpusieron una demanda colectiva contra la Ciudad de Nueva York, que de propesperar, obligaría a la agencia a hacer cambios en la forma en la que investiga las denuncias, que cada año superan los 40,000 casos.
“ACS deja a su paso miedo real, trauma real y consecuencias reales que deben tenerse en cuenta”, aseguró David Shalleck-Klein, abogado de las nueve familias que presentaron la demanda y fundador y director de la organización Family Justice Law Center, quien aclaró que la medida no busca frenar el trabajo investigativo de ACS, sino que se se acabe con los registros ilegales y abusivos.
La demanda alega que los trabajadores sociales de ACS frecuentemente presionan a los padres para que les permitan el ingreso a sus hogares, con mentiras y amenazas de llamar a la policía y llevarse a sus niños, incluso cuando no se trata de emergencias creíbles.
Asimismo, en las 49 páginas presentadas ante la corte, los demandantes, quienes reclaman daños monetarios y el fin de lo que definen como prácticas inconstitucionales, advierten que funcionarios de ACS registran espacios privados y hasta a menores desnudos, lo que deja a familias enteras, mayormente latinas y negras, en riesgo de desarrollar cuadros de depresión, ansiedad y otros trastornos.
Ebony Gould, una de las madres que interpuso la demanda, quien tiene tres hijos y asegura haber sido investigada por la Agencia de Servicios Infantiles en 12 oportunidades, todas ellas infundadas, señaló que ante el proceder de ACS, los padres de familia sienten que no tienen más opción que permitir que los investigadores entren a sus casas.
“Me sentí forzada. Casi me sentí como si estuviera siendo abusada otra vez, pero por un extraño”, comentó la mujer en la demanda, que también advierte que los investigadores llegan a mostrar comportamientos invasivos como abrir refrigeradores, inspeccionar las etiquetas de los botiquines, pedirle a los niños que se levanten sus camisas y se bajen los pantalones, en repetidas visitas.
Y aunque la acción legal asegura que las tres justificaciones legales que pueden utilizar los investigadores para ingresar a viviendas son órdenes judiciales, circunstancias de emergencia o consentimientos voluntarios, la agencia “decide casi nunca solicitar” órdenes judiciales. Asimismo, se afirma en la demanda que miles de registros tienen lugar cada año en circunstancias que no son de emergencia, con consentimientos coaccionados y violando protecciones constitucionales contra registros sin fundamento.
Tras conocer la demanda, una vocera de ACS aseguró que la revisarán y agregó que ACS está comprometida a mantener a los niños seguros y respetar los derechos de los padres.
“Continuaremos avanzando en nuestros esfuerzos para lograr seguridad, equidad y justicia mejorando la conciencia de los padres sobre sus derechos, conectando a las familias con servicios críticos, brindando a las familias alternativas a las investigaciones de protección infantil y trabajando con sistemas clave para reducir el número de familias que experimentan una investigación de protección infantil innecesaria”, concluyó la representante de la Agencia de Servicios Infantiles.
