Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda contra la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por procesar la deportación acelerada de inmigrantes con visas humanitarias, sin tomar en consideración el debido proceso.
“La administración está utilizando el proceso de deportación, profundamente defectuoso y conocido como ‘expulsión acelerada’, para deportar sumariamente a inmigrantes sin una audiencia ni un abogado”, acusan las organizaciones. “Las personas en libertad condicional no deberían ser sometidas a la expulsión acelerada, y esta directiva constituye una extralimitación ilegal”.
Este nuevo esfuerzo legal a favor de inmigrantes es impulsado por la Red UndocuBlack (UBN), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y la organización CASA, las cuales son representadas legalmente por el Centro de Acción por la Justicia, luego de las deportaciones de inmigrantes con protecciones temporales.
“La demanda se presentó en nombre de los miembros de las organizaciones a quienes se les concedió la libertad condicional en un puerto de entrada fronterizo, a través de la Operación Aliados Bienvenidos, o que fueron patrocinados por el programa de libertad condicional humanitaria para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV)”, indican las organizaciones.
Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, acusa al Gobierno federal de no respetar los procesos para los inmigrantes, a pesar de que siguen los pasos legales que se les exige.
“En lugar de cumplir con su parte del compromiso, el gobierno federal quiere expulsarlos sin siquiera una audiencia”, dijo Salar. “Los miembros de la comunidad a quienes servimos merecen la dignidad de un día en la corte, y presentamos esta demanda para asegurar que la reciban”.
Los grupos presentaron la demanda, CHIRLA versus Noem, en referencia a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de quien depende ICE, el día antes de la publicación de un Aviso en el Registro Federal de que, a partir del 24 de abril de 2025, se despojaría de su autorización de trabajo y estatus legal a quienes recibieron la libertad condicional a través del programa de libertad condicional humanitaria CHNV.
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“Los seres humanos no somos desechables, y nuestros derechos no desaparecen por ser inmigrantes. Hoy ese es el núcleo de nuestra resistencia. Las tácticas que se utilizan para negar el debido proceso a las personas en libertad condicional CHNV se están probando en poblaciones vulnerables, solo para expandirse a otros lugares. Esto representa una peligrosa amenaza para la democracia”, declaró Patrice Lawrence, directora ejecutiva de UndocuBlack Network.
Nick Katz, asesor general de CASA, criticó al gobierno del presidente Donald Trump por sus esfuerzos contra los inmigrantes, incluyendo el terminar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados, así como la expulsión a una prisión en El Salvador de inmigrantes de Venezuela, incluso deteniendo a personas con visas y Green Cards.
“Nuestra fuerza no reside en si tenemos un amigo en la Casa Blanca, sino en si tenemos la valentía de apoyarnos mutuamente. Nos solidarizamos con nuestros vecinos, familiares y amigos inmigrantes que tienen libertad condicional”, dijo Katz.
La demanda se presentó ante la Corte de Distrito en Washington, D.C.
