La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes un proyecto de amnistía general para presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad y planteó el cierre de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, señalado por ONG y opositores como el principal centro de torturas del país.
El anuncio fue realizado durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, donde Rodríguez propuso transformar El Helicoide en un centro social, deportivo, cultural y comercial destinado a funcionarios policiales y comunidades cercanas.
“Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide, que sirven como centro de detención, se conviertan en un espacio para la vida social y comunitaria”, afirmó la mandataria encargada.
Un símbolo de represión bajo la lupa
El Helicoide es una estructura inconclusa de la década de 1950, concebida originalmente como un centro comercial, que con el paso de los años pasó a ser sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana.
Diversas organizaciones de derechos humanos, así como la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, han documentado allí casos de torturas, tratos crueles y abusos, acusaciones que el régimen chavista ha negado de forma reiterada.
El anuncio se produce semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se refiriera al cierre de una “cámara de torturas” en Caracas, en el marco de los contactos entre Washington y el gobierno encargado de Rodríguez.
Amnistía para presos políticos desde 1999
Durante el mismo acto, Rodríguez anunció que su gobierno impulsará una ley de amnistía general que abarcará desde la llegada del chavismo al poder.
“Queremos una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la violencia política y reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, sostuvo.
Encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz presentar el proyecto “en las próximas horas” ante la Asamblea Nacional, a la que ofreció plena colaboración para su aprobación.
Rodríguez precisó que la amnistía no incluirá a personas procesadas o condenadas por homicidios, tráfico de drogas ni violaciones de derechos humanos. Asimismo, pidió a los presos políticos y a quienes ya han sido excarcelados que no se impongan “la venganza, la revancha ni el odio”.
Según la ONG Foro Penal, actualmente hay 711 presos políticos en Venezuela, una cifra que el régimen ha rechazado, al sostener que los detenidos enfrentan supuestos cargos penales comunes, muchos de ellos vinculados al terrorismo.
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