En Santo Domingo Este, República Dominicana, se mantiene activo un debate legal y social sobre la disposición municipal que establece el cobro de RD\$1,300 a cada motorista para poder circular en ese municipio. La medida, defendida por el alcalde Dío Astacio, es cuestionada por el abogado penalista Félix Portes, quien sostiene que contraviene la Constitución y la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Astacio argumentó que el registro de motocicletas está contemplado en el artículo 76 de la Ley 63-17 y que el cobro cuenta con sustento en el Reglamento 02-23, aprobado por el Concejo de Regidores. Según el alcalde, esta iniciativa busca establecer un registro municipal de todos los vehículos de dos ruedas, mejorar la organización del transporte, disminuir incidentes viales y contribuir a la reducción de hechos delictivos en el municipio.
El funcionario expuso su posición tras reunirse con representantes del Consejo Municipal de Mototaxistas, presidido por Gustavo Orlando Ureña, quienes expresaron su respaldo a la medida que se implementa desde enero. Astacio señaló que la cooperación con el sector mototaxista es esencial para lograr un transporte seguro y eficiente en Santo Domingo Este.
En contraste, Félix Portes manifestó en redes sociales que el tránsito y transporte terrestre son competencias exclusivas del Estado central. Afirmó que solo los órganos nacionales pueden requerir documentos como licencia, matrícula, seguro y cédula. Para Portes, la exigencia de un “carnet” municipal a motoristas vulnera la Constitución, la Ley 63-17 y la Ley de Ayuntamientos, pues se trata de un tema ya regulado a nivel nacional.
El viernes, la disposición municipal generó manifestaciones de motoristas opuestos al pago del monto establecido. Durante estas protestas, la intervención de agentes de la Policía Municipal y miembros de la Policía Nacional incluyó el uso de gases lacrimógenos y disparos disuasivos, lo que originó momentos de tensión en diferentes zonas del municipio.
Hasta el momento, no se han anunciado cambios a la medida. Las autoridades locales mantienen en marcha el proceso de registro, mientras grupos de motoristas críticos continúan evaluando nuevas acciones para mostrar su rechazo. El tema sigue generando debate en la opinión pública, a la espera de posibles definiciones legales que determinen el futuro de esta disposición municipal.
