NUEVA YORK – El representante demócrata de Florida, Darren Soto, estimó que no será hasta que el Congreso federal cuente con una mayoría de miembros de ese partido que se podrá adelantar la discusión sobre el tema del estatus territorial de Puerto Rico.
En declaraciones a El Diario suministradas a pedido de este periódico, Soto argumentó que, bajo este Congreso de mayoría republicana, no prevé que avance ningún proyecto a los fines de resolver el dilema colonial debido a la resistencia de varios miembros de esa colectividad a que Puerto Rico se convierta en estado.
“Planeo apoyar un proyecto de ley que proteja el derecho al voto a favor de la estadidad. Lamentablemente, la mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes se oponen a la estadidad para Puerto Rico, por lo que no espero que ningún proyecto de ley avance en este Congreso”, dijo el legislador de origen boricua, que favorece esa opción de estatus para la isla.
Soto es uno de los seis congresistas de origen boricua que han destinado buena parte de sus esfuerzos en impulsar a nivel federal la discusión de asuntos que afectan a la isla.
El demócrata representa el distrito 9 que abarca parte de los condados de Orange, Polk, y la totalidad de Osceola, donde habita una sustanciosa población puertorriqueña.
Al momento, Florida es el estado con más miembros de esta población en Estados Unidos o, aproximadamente, 1.2 millones. A la demarcación le sigue Nueva York, donde residen cerca de 1 millón de puertorriqueños.
En cuanto al tema del estatus, Soto recordó que, en el 2022, impulsó el Puerto Rico Status Act (H.R. 8393), proyecto que fue aprobado a finales de diciembre en la Cámara.
El Puerto Rico Status Act disponía para la celebración de un plebiscito avalado por el Congreso entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación.
La medida no llegó a ser considerada en el Senado.
Las versiones posteriores de la legislación que fueron introducidas en ambos cuerpos ni siquiera llegaron a ser evaluadas en un comité, como es requerido en el trámite legislativo.
“Apoyo la estadidad para Puerto Rico. En 2022, ayudé a impulsar la aprobación de la histórica Ley de Estatus de Puerto Rico en la Cámara de Representantes. Esta fue laprimera vez en la historia de Estados Unidos que un proyecto de ley vinculante sobre el estatus de la isla fue aprobado en cualquiera de las dos cámaras del Congreso”, subrayó el congresista.
El Nuevo Día reportó a principios de este mes que Soto estaría evaluando incluir el Estado Libre Asociado (ELA), sistema de gobierno que rige al territorio desde el 1952, como opción en un eventual proyecto de estatus.
“Estoy abierto a añadir el estatus territorial al proyecto de ley sobre el estatus de Puerto Rico. Estoy de acuerdo con la realidad de que tenemos que trabajar con el nuevo comisionado residente”, indicó Soto al periódico local.
Sobre este particular, el político confirmó a El Diario que la posibilidad de incluir el ELA responde a la llegada de Pablo José Hernández, comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., que defiende esa alternativa.
“En el próximo Congreso, cuando los demócratas recuperen el control de la Cámara, tendremos una oportunidad real de aprobar otro proyecto de ley sobre el estatus de Puerto Rico. En el artículo de El Nuevo Día, mencioné las posibles negociaciones que tendremos que afrontar, especialmente ahora que la isla ha elegido a un nuevo comisionado residente. También contamos con algunos miembros demócratas que apoyan la independencia”, mencionó el congresista.
“Agradezco las opiniones de todos sobre este importante movimiento por los derechos civiles que afecta a nuestros hermanos y hermanas en la isla”, concluyó Soto en las declaraciones provistas a este medio.
Aunque Puerto Rico cuenta con un Gobierno y Constitución propias, permanece sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la Constitución federal.
Debido a que Puerto Rico es un territorio, no tiene representación plena en el Congreso y los boricuas que residen en la isla no pueden votar por el presidente ni por otros escaños en las elecciones federales. El comisionado, que es electo cada cuatro años por los residentes en la isla, aunque puede presentar legislación en la Cámara de Representantes y votar en comités, no puede votar por medidas en el pleno.
Hernández ha insistido en que el ELA debe ser incluido en cualquier consulta de estatus que se presente en el Congreso.
Líderes como Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, representantes demócratas de Nueva York, opinan lo contrario, ya que entienden que el ELA es parte del problema por ser territorial.
En una entrevista con este rotativo en junio pasado, Hernández insistió en que el tema no es prioridad en su agenda, pero que si algún legislador presentaba un proyecto de estatus que excluyera el Estado Libre Asociado, estaría dispuesto a presentar uno que lo incluyera.
“Yo no presentaría algo proactivamente por mi propia voluntad, pero si alguien presenta algo que no me satisface, yo tengo que presentar una propuesta que incluya mis principios, y mis principios y como lo prometí en campaña, es que cualquier ejercicio tiene que incluir todas las opciones, y si alguien presentara un proyecto que excluye al ELA, yo tendría que presentar un proyecto que incluya al ELA”, planteó en ese momento el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD).
En reacción a las discusiones para incluir esa alternativa en un nuevo proyecto de estatus, Velázquez dijo a El Nuevo Día que sería un sinsentido.
“El modelo colonial vigente ha obstaculizado decisiones esenciales para el desarrollo de la isla y ha mantenido una relación que no es equitativa ni sostenible, y así lo han plasmado las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos”, declaró la veterana congresista que anunció recientemente que no aspirará a la relección en el 2026.
En marzo de 2021, Soto presentó junto a la entonces comisionada residente y hoy gobernadora Jenniffer González, el H.R. 1522 o “Puerto Rico Statehood Admission Act” (Ley para la Admisión de Puerto Rico como Estado). La medida establecía un proceso para la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión.
La legislación proponía para que el gobernador o gobernadora del territorio encaminara una consulta en la que los puertorriqueños aprobaran o rechazaran la admisión.
Para el mismo periodo, Velázquez y Ocasio-Cortez presentaron el H.R. 2070 o “Puerto Rico Self-Determination Act” (Ley de Autodeterminación de Puerto Rico) para una asamblea constitucional de estatus.
Negociaciones entre González y Velázquez se tradujeron en el Puerto Rico Status Act que fue aprobado en la Cámara a finales del 2022.
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