Una coalición de veinticuatro estados demandó el jueves a la administración Trump por los aranceles globales del 15 %, que el presidente anunció que impondría el mes pasado, tras la decisión del Tribunal Supremo de invalidar muchos de sus aranceles de importación de gran alcance.
El desafío legal, que se está presentando ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, sostiene que el uso por parte del presidente Donald Trump de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 es ilegal, y los estados están solicitando a un panel de tres jueces que bloquee los nuevos aranceles.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo en un comunicado que la administración Trump “defenderá enérgicamente la acción del presidente en los tribunales”.
“El presidente está utilizando la autoridad que le otorgó el Congreso para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales y para hacer frente a los grandes y graves déficits de la balanza de pagos de nuestro país”, escribió Desai en dicho comunicado.
Las solicitudes de comentarios enviadas al Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no han recibido respuesta.
“Este último intento no es más que un esfuerzo por eludir al Tribunal Supremo e imponer aranceles que el presidente no tiene autoridad para establecer”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, durante una conferencia de prensa el jueves por la tarde junto con fiscales generales de Oregón, Arizona y California. Otros veinte estados se unieron a la demanda como demandantes.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.
“La Sección 122 es una ley poco conocida que nunca antes se había invocado”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, quien añadió: “Se basa en un sistema obsoleto de intercambio de divisas que ni siquiera utilizamos hoy en día, lo que significa que es totalmente irrelevante en este caso”.
James también sostuvo durante la conferencia de prensa que la administración Trump “confunde los déficits de la balanza de pagos con el déficit comercial, y son dos cuestiones distintas”.
Según la ley, el presidente puede imponer recargos temporales a las importaciones en caso de déficits “grandes y graves” en la balanza de pagos de Estados Unidos, que incluye todas las transacciones económicas de una economía con el resto del mundo.
La Sección 122 también limita la imposición de aranceles a 150 días, momento en el cual se requiere la aprobación del Congreso. Los fiscales generales fueron preguntados por los periodistas si esperaban una decisión antes de que terminara ese período.
“Esperamos obtener una decisión más rápida basándonos en la victoria muy contundente que creemos haber logrado en el Tribunal Supremo”, dijo la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, señalando que los estados también están solicitando una suspensión o una paralización temporal de los aranceles mientras continúan los procedimientos legales.
Al anunciar lo que llamó aranceles “recíprocos” el año pasado, el presidente dijo que estaba designando los déficits comerciales de Estados Unidos con sus socios comerciales globales como una emergencia nacional, lo que requería el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles.
Posteriormente, el Tribunal Supremo dictaminó que la IEEPA no otorgaba al presidente la autoridad para imponer esos aranceles de importación, así como otros aplicados a China, Canadá y México bajo la misma ley por lo que su administración describió como “el flujo de drogas de contrabando como el fentanilo hacia Estados Unidos”.
En una conferencia de prensa después de que se publicara la opinión mayoritaria del tribunal, Trump dijo que impondría aranceles globales del 10% bajo la Sección 122, además de los aranceles de importación existentes sobre bienes específicos como madera, acero, vehículos y productos farmacéuticos.
Un día después, Trump anunció que aumentaría esa tasa al 15%, el porcentaje máximo permitido por la ley.
El presidente también dijo que planeaba usar la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial y la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a Estados Unidos imponer aranceles en respuesta a prácticas comerciales extranjeras desleales, para establecer nuevos aranceles de importación.
“Vamos a recaudar más dinero y seremos mucho más fuertes por ello”, dijo en ese momento. “Estamos recaudando cientos de miles de millones de dólares. Y seguiremos haciéndolo”.
Por separado, el presidente emitió una orden ejecutiva el 20 de febrero reafirmando que la exención de minimis seguiría suspendida bajo la IEEPA, lo que significa que los impuestos a la importación continuarían aplicándose a envíos de bajo valor de 800 dólares o menos.
Un juez del tribunal federal de comercio dice que las empresas tienen derecho a reembolsos de aranceles
La demanda del jueves se presenta un día después de que el juez del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, Richard Eaton, emitiera una decisión señalando que “todos los importadores registrados” tenían “derecho al beneficio” derivado del fallo del Tribunal Supremo del mes pasado.
Eaton ordenó a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos liquidar las entradas, el proceso mediante el cual se finalizan los impuestos, tasas y aranceles sobre las importaciones, sin añadir los aranceles de la IEEPA.
Su orden también instruyó a la agencia a rehacer el proceso para aquellas “entradas liquidadas cuya liquidación no es final”, abriendo el camino para reembolsos de aranceles pagados por algunas empresas.
Un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza reconoció el jueves haber recibido una solicitud de comentarios, pero no respondió de inmediato sobre la orden del juez ni sobre si la agencia planea apelar.
“Había esta pregunta pendiente sobre qué iba a pasar con las entradas que aún no habían sido liquidadas, y eso es lo que resuelve la orden del juez Eaton”, dijo Siddartha Rao, socio del bufete Hoguet Newman Regal & Kenney.
Rao dijo que ha recibido numerosas consultas de clientes desde la decisión sobre lo que esto significa para las empresas que buscan reembolsos de los aranceles de la IEEPA.
“Lo que diría es que primero hay que determinar qué entradas realmente se liquidarán en el futuro y cuáles ya se han liquidado”, explicó, señalando que si la liquidación, que normalmente tarda 314 días, ya se ha completado, las empresas podrían buscar posibles remedios a través de múltiples vías con la esperanza de recuperar su dinero.
“Si las cosas ya se han liquidado, entonces es un análisis mucho más matizado para determinar qué se debería hacer”, dijo.
Rao añadió que el camino para los importadores que buscan reembolsos también podría volverse más complicado si el gobierno federal apela la decisión de Eaton, y dependiendo de si un tribunal de apelaciones emite una suspensión o finalmente dicta un fallo.
La decisión del miércoles se originó a partir de una demanda presentada una semana después del fallo del Tribunal Supremo por Atmus Filtration, una empresa con sede en Nashville, Tennessee, que cuenta con más de 5.000 empleados en todo el mundo.
En documentos adjuntos a su presentación, la empresa estimó que había pagado 9,628 millones de dólares en aranceles bajo la IEEPA el año pasado, además de 1,378 millones de dólares en derechos de importación en enero y febrero de este año.
En su impugnación legal, Atmus Filtration señaló que buscaba “una declaración judicial y medidas cautelares para protegerse contra la aplicación ilegal de los mismos, así como el reembolso de las cantidades pagadas anteriormente, con intereses a la tasa legal”.
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