El 56.8% de la fuerza laboral dominicana continúa ascendentemente al margen de regulaciones salariales, ambientales, sanitarias, tributarias y hasta de las que deben garantizar que en establecimientos de todo tipo que en este momento escapan a supervisión estatal se quebranten leyes de orden público y de protección a vidas y bienes del propio Estado y de particulares. Un submundo a lo largo de toda la geografía que se expande más que el sector de las pequeñas, medianas y grandes unidades de producción y comercio que es fiel a las reglas del juego y a la actuación diáfana. Una marginación en la que prosperan la evasión, la ineficiencia y la ausencia de innovaciones tecnológicas incompatibles con las sombras; omisiones que condenan a los países a permanecer en el círculo vicioso del subdesarrollo y a mantener en bajos niveles no solo las recaudaciones sino los ingresos de la mayoría de los asalariados dominicanos y la creación de empleos de calidad en un mercado ocupacional distorsionado por un limitado imperio de la legalidad.
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La informalidad es una de las formas preferidas de sobrevivir, prosperar o enriquecerse en República Dominicana alimentada por los propios Gobiernos que no acaba de dar pasos hacia reformas que impriman versatilidad, agilidad y equidad a mecanismos de recaudación que todavía resultan engorrosos y obsolescentes; que espantan contribuyentes, facilitan la evasión y desalientan a la inversión privada que auspicia el verdadero crecimiento.
