Un tribunal de Seúl aprobó este martes la solicitud de un equipo conjunto de investigación para detener al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, por su breve imposición de la ley marcial, convirtiéndose en el primer presidente surcoreano en ejercicio en enfrentar un arresto.
El Tribunal del Distrito Occidental de Seúl emitió la orden contra Yoon acusado de planear la fallida declaración de ley marcial del 3 de diciembre, orquestar la insurrección y abusar de su poder, y después de que el mandatario haya ignorado tres citaciones para ser interrogado al respecto.
Tras la orden judicial, la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) cuenta ahora con 48 horas para detener a Yoon para interrogarlo.
Sin embargo, persisten las incertidumbres sobre si la CIO puede ejecutar la orden, ya que el Servicio de Seguridad Presidencial ha impedido que los investigadores entren tanto en el complejo de la oficina presidencial como en la residencia oficial de Yoon para realizar registros aprobados por el tribunal.
Aunque Yoon tiene inmunidad presidencial frente al procesamiento penal, el privilegio no se extiende a los cargos de insurrección o traición.
El anuncio supone la primera vez en la historia democrática del país asiático en que un presidente aún en el cargo encara la posibilidad de ser detenido.
Yoon fue destituido el pasado 14 de diciembre por la Asamblea Nacional (Parlamento), lo que lo ha despojado momentáneamente de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si restituye sus competencias o lo inhabilita definitivamente.
La solicitud alega que Yoon lideró una insurrección y abusó de su cargo al declarar el estado de excepción el pasado 3 de diciembre y que supuestamente ordenó al ejército que impidiera a los diputados del Parlamento votar en contra de su decisión para revocarla.
Los parlamentarios finalmente lograron votar en contra de la ley marcial, aparentemente gracias en parte a la negativa de mandos militares intermedios a cumplir órdenes, lo que obligó al presidente a rescindir el estado de excepción a las pocas horas de decretarla.
Yoon ha negado las acusaciones argumentando que su declaración de la ley marcial fue un “acto de gobernanza” que buscaba advertir a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, contra lo que ha descrito como un abuso del poder legislativo que busca minar al Estado y apoyar al régimen de Corea del Norte, con quien el Sur está técnicamente en guerra.
