La Corte Penal Internacional rechazó los argumentos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro contra la reanudación de la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El fiscal de la CPI, Karim Khan, fue autorizado este viernes a continuar con las pesquisas como parte del caso que fue abierto en noviembre de 2021.
La Sala de Apelaciones de la CPI desechó por unanimidad los argumentos presentados por las autoridades socialistas venezolanas, quienes afirmaron que los crímenes de lesa humanidad en Venezuela eran inexistentes y que los casos reportados eran “incidentes” que supuestamente estaban siendo investigados por los tribunales nacionales. Así, permitió la reanudación de la investigación.
En noviembre de 2021, la fiscalía de la CPI anunció la apertura de una investigación formal basada en una remisión de 2018 por parte de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay. Estos países denunciaron presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
A pesar de los argumentos presentados por el gobierno venezolano, que afirmaba que la justicia nacional ya estaba llevando a cabo investigaciones, la CPI consideró que los procesos penales internos de Caracas no reflejaban adecuadamente el alcance del caso y que había periodos de inactividad inexplicables.
El fiscal Karim Khan, en respuesta a las afirmaciones de Caracas, señaló que la investigación se encontraba en una fase preliminar y que era poco razonable esperar que se identificaran sospechosos o se estableciera el alcance real del caso en esa etapa.
Ahora, con la decisión de la CPI, continuará buscando pruebas relacionadas con los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que marca un paso significativo en el proceso judicial internacional sobre esta cuestión.
La CPI está “politizada”, según Venezuela
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció lo que considera la “politización de la Corte Penal Internacional (CPI)”, tras la decisión de la instancia.
En declaraciones ofrecidas al canal estatal VTV, expresó su preocupación por lo que considera una instrumentalización de la justicia internacional para supuestamente atacar al gobierno de Nicolás Maduro y a sus instituciones.
“”Es un caso a todas luces politizado y donde se pretende instrumentalizar la justicia internacional para agredir a Venezuela, a sus altas autoridades, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestros organismos de seguridad que han estado en primera línea en defensa de la paz y tranquilidad de nuestra República”, dijo.
Aseguró asimismo que en el país nunca se han cometido delitos de lesa humanidad y que el sistema de justicia venezolano está “capacitado” para investigar y resolver cualquier tipo de delito, pero ninguno, según, no está relacionado con los previstos en el Estatuto de Roma.
Rodríguez aseguró que solo el 20% de la información proporcionada por el régimen chavista fue tomada en consideración para desestimar la apelación.
“La verdad es que aquí nunca se han cometido delitos de lesa humanidad y que el sistema de justicia venezolano ha estado en primera línea para la investigación y la resolución de los casos en los que se haya cometido algún tipo de delito, pero que nada tienen que ver con delitos previstos en el Estatuto de Roma ni delitos de lesa humanidad”, aseguró.
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