La Corte de Apelación del distrito judicial correspondiente fijó para el martes 18 de noviembre la audiencia en la que evaluará el recurso presentado por el Ministerio Público contra la decisión que permitió la salida bajo condiciones específicas de varios agentes señalados en el expediente por el caso ocurrido en La Barranquita. En esta sesión, ambas partes presentarán sus argumentos sobre la resolución emitida por el Juzgado de Atención Permanente.
El órgano acusador busca que el tribunal revoque las medidas que habían favorecido a los oficiales Álvaro Paredes Paniagua, Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, y los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, además del raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
Estos imputados fueron beneficiados con fianzas de un millón de pesos, gestionadas mediante una empresa aseguradora, además de restricciones como impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades judiciales, medidas que se mantienen mientras continúa la investigación.
En contraste, otros cuatro agentes continúan bajo prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo: el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación, conforme a lo ordenado por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, que declaró el caso de tramitación compleja. Además, se establecieron medidas de protección para personas afectadas y testigos.
El expediente detalla que los once agentes están siendo procesados por su presunta vinculación con la pérdida de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.
Según la acusación, la tarde del 10 de septiembre, los policías arribaron a una plaza comercial en La Barranquita a bordo de tres vehículos y, sin mediar palabras, abrieron fuego contra las personas mencionadas. Posteriormente, de acuerdo con el Ministerio Público, los agentes habrían sustraído los DVR de las cámaras de seguridad y varios teléfonos celulares para eliminar posibles evidencias y obstaculizar la investigación.
La audiencia del 18 de noviembre será clave para definir si se mantienen o se modifican las medidas otorgadas, mientras la justicia avanza en uno de los casos que mayor atención ha generado en la opinión pública reciente.