Un sacudón emocional provocó en el país que la Corte Constitucional (CC) declarara, este martes 10 de marzo, que los cuatro menores afrodescendientes detenidos por militares, en diciembre de 2024, que después aparecieran asesinados, fueron víctimas de desaparición forzada, y ordenó al Estado que reconozca … su responsabilidad y emita disculpas públicas por el hecho, al que llamó «horrendo suceso», entre otras medidas de reparación.
Una sentencia de la justicia ya había establecido la desaparición forzada de ‘los niños de Las Malvinas’ como se conoce el caso, por la zona de Guayaquil donde vivían, pero que lo diga el alto tribunal marca un hito en la jurisprudencia nacional sobre la responsabilidad del Estado.
Por este caso, en diciembre de 2025, un tribunal penal declaró culpables a16 de los 17 militares procesados; once de los cuales fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión, y otros cinco que colaboraron con la investigación a treinta meses; mientras que un teniente coronel que estaba imputado en calidad de cómplice fue absuelto.

La decisión de la Corte Constitucional se concretó tras aceptar una acción extraordinaria de protección presentada por los padres de Ismael, de 15 años y Josué Arroyo de 14 años, quienes, junto a Nehemías Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11, fueron detenidos de forma irregular la noche del 8 de diciembre de 2024 por dos patrullas militares en los exteriores de un centro comercial en el sur de Guayaquil. Todo esto en el marco de la guerra contra el narcotráfico que el presidente Daniel Noboa anunció el 9 de enero de 2024 y que continua hasta la fecha.
En la sentencia del alto tribunal los jueces determinaron que las autoridades judiciales vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de motivación, «al no analizar de manera integral la detención denunciada ni responder a las pretensiones relevantes planteadas por los accionantes».
Los jueces ordenaron que el comandante de la Fuerza Aérea ofrezca disculpas públicas en un plazo de dos meses, que el Ministerio de Educación incorpore en el Museo de la Memoria un espacio para visibilizar el caso, y que se declare el 8 de diciembre como día en memoria de los menores, y se indemnice con 10.000 dólares a los padres de los cuatro niños, además de 5.000 dólares de forma global a cada uno de los cuatro núcleos familiares.
Para cumplir lo que establece la sentencia y acatar el fallo de la Corte Constitucional sobre este caso que calificó de «horrendo suceso», el pleno de la Asamblea Nacional (Congreso) fue convocado para el viernes 13 de marzo a una sesión virtual en la que se declarará el 8 de diciembre como Día de Conmemoración en Memoria de los Niños Josué, Isamel, Steven y Nehemías, víctimas de desaparición forzada. También acatará el fallo de la Corte que dispuso que la Asamblea Nacional elabore, en el plazo de un año, las reformas necesarias a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
Un caso perturbador
Con el fallo de la Corte Constitucional, los medios en Ecuador han recordado, una vez más que, tras la detención de los cuatros menores, los soldados los trasladaron a hacia Taura, a 40 kilómetros de Guayaquil, en la zona donde está una base de la Fuerza Aérea. Y la serie de conjeturas que se tejieron entorno a la vida de estos chicos a los que se intentó involucrar en hechos delictivos.
Fue la persistencia de los padres de familia, que contaron con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, la que logró que no se abandone el caso y que las hipótesis sobre una desaparición a manos de los solados continuaran siendo investigadas hasta que, meses después, con la reconstrucción de los hechos se sacó a la luz que los cuatro menores fueron golpeados, torturados y obligaron a desnudarse tras lo cual fueron incinerados en una zona de manglar, donde fueron encontrados, en la víspera de la Navidad de 2024.


