Bogotá.- La Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles al senador colombiano Ciro Ramírez, del partido uribista Centro Democrático, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
«Se le impuso las penas principales de 279 meses y 8 días de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 280 meses y 20 días y multa de 22,340 millones de pesos (unos seis millones de dólares)», detalló la Corte Suprema de Justicia.
El alto tribunal demostró que Ramírez, que también fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018, lideró una organización criminal de la que hacían parte otros funcionarios públicos, particulares y contratistas que logró firmar varios contratos que buscaban «beneficiar a quienes lo favorecieron en su campaña política«.
Contratos y afectación social
Los contratos, añadió la Corte, habían sido firmados para la construcción, implementación y mejoramiento de carreteras, «que se traducen en un avance significativo en las condiciones de vida de la población, con lo cual se potencializa la gravedad de las conductas desplegadas por el congresista».
El tribunal denegó a Ramírez «la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria» y agregó que «la privación de la libertad se producirá una vez la sentencia quede en firme».
Proceso judicial y retorno al Senado
En el desarrollo del proceso judicial, Ramírez fue capturado de manera preventiva mientras avanzaban las investigaciones, en un caso que generó amplio debate político y jurídico en Colombia.
Sin embargo, en su momento el alto tribunal le concedió la libertad, al considerar que ya no se cumplían los requisitos para mantener la medida de aseguramiento.
Esa decisión le permitió recuperar su curul y regresar al Senado de la República, donde continuó ejerciendo sus funciones legislativas mientras seguía vinculado al proceso que finalmente derivó en la condena conocida este miércoles.
- El caso de Ciro Ramírez ha generado fuertes reacciones entre analistas políticos y líderes de partidos, quienes señalan que la condena podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en Colombia, reforzando la necesidad de transparencia en la gestión pública y en la adjudicación de contratos estatales.