San Juan – Un tribunal federal sentenció este viernes a la exlegisladora de la Cámara de Representantes de Puerto Rico María Milagros “Tata” Charbonier, a cumplir ocho años de prisión por haber dirigido un esquema de corrupción pública en el que le infló el salario a una de sus empleadas legislativas para que le enviara dinero cada dos semanas.
Según informaron las autoridades, Charbonier también fue condenada a dos años de libertad supervisada, lo que supone una de las mayores sentencias impuestas a una figura pública en la isla caribeña.
Asimismo, la Fiscalía Federal en Puerto Rico solicitó una pena de 15 años y una fianza de $136,000 dólares para la exlegisladora, que no declaró ante la Corte.
Por su parte, la jueza Silvia Carreño del Tribunal federal de Hato Rey, en San Juan, que emitió la sentencia de cárcel contra Charbonier, otorgó 90 días a la Fiscalía para justificar su solicitud.
En enero, el jurado del juicio contra la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP) y su esposo Orlando Montes, emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos.
El esquema de comisiones ilegales en el que Charbonier presuntamente incurrió le permitió lucrar ilícitamente de más de $100,000 dólares desde septiembre de 2017 hasta julio de 2020.
Además, durante la jornada de hoy será sentenciado su marido.
Charbonier solicitó cumplir su condena en la prisión de FPC Bryan, en Texas, para estar cerca de su hija.
El caso supuso un desconcierto en la isla al ser Charbonier la persona que presidía, precisamente, la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes hasta el 28 de julio de 2020, fecha en la que dejó el cargo luego de que el Tribunal Supremo la suspendiera del ejercicio del puesto durante un periodo de seis meses por violar varios cánones de ética.
La exlegisladora supo que se había obtenido una orden judicial para allanar su teléfono celular y por esa razón borró los datos que contenía.
Un gran jurado federal acusó en agosto de 2020 a Charbonier y a dos miembros de su familia de 13 cargos por un supuesto esquema que consistía en “inflar” el salario de uno de sus empleados en esa entidad legislativa para quedarse con parte de la cantidad.
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