Nueva York – La defensa del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, sentenciado esta semana a cinco años y tres meses de cárcel en el caso federal de corrupción en Puerto Rico, anunció que apelará la decisión ante el Primer Circuito de Boston.
Si el foro falla en favor de los abogados del expolítico del Partido Nuevo Progresista (PNP), se tendría que realizar un nuevo juicio.
El proceso ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston podría tomar entre 12 y 18 meses.
“Sí, eso se anunció en sala”, se limitó a contestar Pérez a su salida del tribunal al ser cuestionado por miembros de la prensa sobre el recurso de apelación.
A preguntas de si se reitera en que es inocente, indicó: “No puedo emitir comentarios”.
Los abogados de Pérez Otero, Osvaldo Carlo, Eduardo Ferrer y José Olmo, habían solicitado a Delgado Colón que condenara al también exrepresentante a no más de 23 meses de probatoria o casi dos años.
Ante el pedido, la jueza planteó que las pruebas presentadas al jurado probaron la culpabilidad de Pérez en un esquema de sobornos bajo el que recibió pagos en efectivo a cambio de otorgar contratos municipales y pago acelerado de facturas relacionadas con esos contratos.
Pérez Otero, que inició como alcalde en el 2017, fue arrestado por los federales en 2021 por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El 23 de marzo del año pasado, un jurado lo declaró culpable de conspiración, sobornos a un programa federal y extorsión.
De acuerdo con las autoridades, Pérez Otero, de 53 años, conspiró para recibir sobornos entre finales de 2019 y mayo de 2021.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el funcionario aceptó miles de dólares en sobornos en efectivo del propietario de una empresa de construcción identificado como Oscar Santamaría.
El empresario se declaró culpable en el 2021. La información que suministró Santamaría a las autoridades federales se tradujo en las acusaciones contra Pérez Otero y otros alcades, funcionarios municipales y empresarios.
Tanto Santamaría como el exalcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado, del mismo partido y quien también se declaró culpable de corrupción en otro caso federal por corrupción, serán sentenciados en el tribunal federal de Puerto Rico el próximo 13 de marzo.
En las reuniones secretas que mantenía Pérez Otero con Santamaría, este le pagaba $5,000 dólares en efectivo mensuales en sobornos y “kickbacks”, para que mantuvieran los contratos de su empresa con el municipio.´
La prueba de las autoridades federales incluyó llamadas telefónicas, mensajes de texto, grabaciones en video de los intercambios entre las partes, y copias de los contratos gubernamentales y facturas para pagos de contratos públicos.
Precisamente, poco después de que Pérez Otero fuera arrestado, las autoridades federales divulgaron una imagen del exalcalde cuando recibía dinero por parte de un contratista del municipio.
La captura que forma parte de una moción en el caso muestra al político aceptando lo que parece ser un paquete con billetes como parte de un soborno.
Recurso de apelación se centra en divulgación de comprometedora imagen
Osvaldo Carlo, quien encabeza la representación legal de Pérez Otero, explicó que el recurso de apelación precisamente cuestiona la divulgación de ese contenido cuando su cliente empezaba a ser procesado.
“Nosotros ya tenemos una serie de elementos que se van a utilizar en esa apelación. Yo te diría que una de las más importantes es la que tiene que ver con la foto que todos ustedes conocen. Yo creo que esa fue la primera vez en la historia de Puerto Rico que se publican fotos que son parte del descubrimiento de prueba, en ese momento cuando la persona acababa de ser arrestado y donde sus derechos constitucionales están por las nubes”, planteó.
“Nosotros entendemos que eso, más que nada, afectó las posibilidades en el caso de Ángel Pérez”, añadió.
Al ser cuestionado sobre si consideraba injusta la divulgación, contestó: “Ustedes nunca han visto antes de Ángel Pérez y después de Ángel Pérez, públicamente, fotos que tienen que ver con el descubrimiento de prueba”.
Según el abogado, la movida atentó contra el derecho del acusado a un juicio justo e imparcial.
“Yo no sé cuál fue la estrategia, pero nosotros entendemos que está mal. Entendemos que el primer circuito (de Boston) lo tiene que corregir. Toda persona tiene derecho a un juicio justo e imparcial ante personas que son de la comunidad, y de ese derecho se le privó a Ángel Pérez por la razón de que se contaminó a todo el mundo. Fíjese que esas fotos vienen como consecuencia de una moción en la que supuestamente se está pidiendo una fianza más alta, que eso se hace en los casos de drogas más que nada, y es una moción que se pudo haber radicado bajo sello para las vistas solamente del magistrado que es el que tiene que decidir eso. El público no es el que decide la fianza, la decide el magistrado. El lleva más de dos años bajo fianza; ha cumplido con todos los requisitos que le impone la oficina del oficial de probatoria; no ha tenido ningún problema; ha cumplido con todo; no es un riesgo para la comunidad…”, argumentó.
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