Al arreciar su lucha por mejoras salariales con frecuentes interrupciones de la docencia, la Asociación Dominicana de Profesores coloca unilateralmente sus intereses y criterios por encima de sus propios compromisos de servidores públicos en una de las funciones costeadas por el Estado de mayor valor social. Reducida con drasticidad la impartición de clases, desciende riesgosamente la posibilidad de que el año lectivo culmine con resultados aceptables para más de dos millones de estudiantes, en su mayoría de bajos recursos. Erosionada la labor con desconocimiento al principio de autoridad en el tramo final del periodo escolar, el recibir educación de calidad sin los perjuicios de un activismo sindical se convierte, arbitrariamente, en privilegio para unos 550 mil alumnos del sector privado con aulas de laboriosidad incesante y disponibles para los estratos de la población con capacidad de pago. Hasta esos espacios no llega el combate gremial de excluyentes resultados.
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El Ministerio de Educación, tratado como mero patrono y no como máxima jerarquía con facultades que deben ser respetadas por todo el sector, tiene un historial de sustanciales concesiones al magisterio administrándose con transparencia y defendiendo el cumplimiento de objetivos integrales para mejorar la enseñanza y para que haya un justo equilibrio entre los recursos que dirige al pago de sueldos, jubilaciones y seguro médico y las inversiones para optimizar las capacitaciones y estructuras físicas imprescindibles.
