Es una pena que a pesar del esfuerzo que se observa en el país en búsqueda de apego a la institucionalidad, teniendo como norte la ley, haya funcionarios públicos que se resistan a cumplir con la declaración jurada de bienes.
Aquellos funcionarios que sin excusa, ni justificación alguna, todavía se resisten a ese requisito legal para legitimar sus funciones, no pueden alegar como disculpa que en la cultura popular dominicana es costumbre dejar todo para última hora.
En medio de ese comportamiento, en el ánimo público hay razones para pensar que detrás de esa resistencia haya la intención de ocultar datos o informaciones comprometedoras.
Cualquiera que sea la resistencia, el presidente Abinader ha hecho bien en anunciar desde su encuentro semanal con la prensa, en esta ocasión desde Nueva York, que tan pronto regrese al país tomará una serie de medidas.
La intención del gobernante es buena, en pro de la imagen del equipo de funcionarios que lo acompaña en su gestión, pero debería ser más enérgica y ejemplarizadora, en lugar de un tanto benigna con dos plazos de 15 días para que puedan ponerse al día.
A la suspensión inicial de que habla el Presidente para que completen sus declaraciones juradas de bienes debería seguir sin mas oportunidades la cancelación definitiva de los funcionarios incumplidores.
Definivamente hay que dar un ejemplo contundente de que el ordenamiento institucionalidad es un marco inviolable, que nadie puede estar por encima de la ley y que todo aquel que lo violente tendrá que atenerse a las consecuencias sin excusas y plazos acomodaticios.
