Washington D.C. – La amenaza de un nuevo cierre del Gobierno federal en Estados Unidos genera inquietud en diversos sectores, ya que podría interrumpir servicios esenciales para la ciudadanía y dejar a cientos de miles de trabajadores sin cobrar sus salarios en las fechas establecidas.
Un cierre gubernamental ocurre cuando el Congreso no logra aprobar a tiempo un presupuesto o una ley de gasto que permita financiar las operaciones del Estado.
Ante esta situación, las agencias federales deben suspender sus labores no esenciales, mientras que aquellas consideradas críticas para la seguridad nacional y la protección de vidas humanas permanecen activas.
Entre los servicios que se verían más afectados se encuentran:
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Viajes aéreos: aunque los controladores de tráfico y agentes de seguridad de la TSA seguirían trabajando, la reducción de personal de apoyo podría ocasionar retrasos en aeropuertos.
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Parques nacionales y museos: suelen cerrar sus puertas o funcionar con limitaciones, impactando directamente al turismo interno y extranjero.
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Trabajadores federales: miles serían enviados a sus casas bajo la modalidad de “furlough” (suspensión temporal sin pago), mientras otros, considerados esenciales, continuarían sus labores con la incertidumbre de recibir sus salarios una vez resuelto el conflicto.
Por otro lado, algunos servicios clave continuarían funcionando. El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) no se vería interrumpido porque se financia de manera independiente. Asimismo, los pagos de Seguro Social y Medicare se mantendrían, aunque se prevén retrasos en servicios de atención al cliente y gestiones administrativas.
Especialistas advierten que un cierre prolongado tendría efectos más graves en programas de asistencia alimentaria como SNAP y WIC, que dependen de fondos federales y atienden a millones de familias de bajos ingresos.
Este escenario no es nuevo para Estados Unidos: en 2018-2019, el país enfrentó el cierre gubernamental más largo de su historia, con 35 días de parálisis parcial, lo que generó pérdidas económicas millonarias y gran malestar entre los trabajadores afectados.
El desenlace de la actual crisis dependerá de las negociaciones en el Congreso. Mientras tanto, ciudadanos y empresas permanecen a la expectativa de un acuerdo que evite la interrupción de los servicios públicos.