Más de seis años después de que el movimiento independentista de Cataluña dejara a España al borde de la ruptura, el Congreso dio el jueves su aprobación definitiva a una polémica ley de amnistía para cientos de secesionistas con la esperanza de cerrar el traumático episodio.
La ley fue respaldada por el gobierno de coalición de izquierdas, dos partidos separatistas catalanes y otros partidos más pequeños, que sumaron 177 votos, frente a los 172 en contra de los diputados del conservador Partido Popular y el ultraderechista Vox.
La amnistía podría beneficiar al expresidente regional catalán Carles Puigdemont, que está prófugo de la justicia española tras huir a Bélgica después del fallido intento de independencia que lideró en octubre de 2017. También debería afectar a cientos de personas más, incluyendo antiguos funcionarios gubernamentales en Barcelona, ciudadanos de a pie que participaron en el intento de secesión o en las protestas, y algunos agentes de policía implicados en la represión de la ilegalizada consulta celebrada por el gobierno de Puigdemont.
La aprobación de la ley de amnistía, sin embargo, no soluciona de inmediato los problemas legales de los separatistas.
Es probable que el texto validado en el Congreso enfrente recursos judiciales y sea revisado por tribunales superiores. Además, su aplicación se realizará caso por caso. Algunos expertos que cuestionan su constitucionalidad sostienen que crearía desigualdad entre los ciudadanos españoles al favorecer a unos sobre otros.
Desde su llegada al poder en 2018, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha centrado en reducir las tensiones en la región noroccidental de Cataluña y defiende que la amnistía es clave para culminar ese proceso.
Pero la ley de amnistía era también una necesidad política para Sánchez, que accedió a proponerla cuando necesitaba el apoyo de los legisladores separatistas en Madrid para volver a formar gobierno en noviembre, tras unas elecciones que no arrojaron un ganador claro en julio. La cámara baja del Parlamento aprobó el texto en marzo, pero el Senado — controlado por la derecha — lo rechazó a principios de mes, lo que hizo que regresase al Congreso.
Las tensiones en la cámara baja del Parlamento fueron altas durante el debate final de la ley y la votación, en la que cada diputado manifestó por turnos el sentido de su voto. El “sí” de Sánchez fue recibido con gritos de “¡Traidor!” .
“En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor”, escribió el mandatario en la red social X tras la votación. “Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino”.
La bronca se adueñó del pleno durante unos instantes cuando el inicio de la intervención del portavoz de los socialistas, Artemio Rallo, se vio interrumpido por varios diputados de Vox, que se levantaron en sus escaños y, señalándolo, le gritaron varias veces “vendido” y “corrupto”.
“Aunque les cueste y les duela oírlo, Europa, España y Cataluña ha dicho ‘sí’ a la amnistía”, respondió Rallo, refiriéndose al respaldo del Consejo de Europa, una institución no perteneciente a la Unión Europea que promueve los derechos humanos, a la ley.
Aunque la amnistía es una medida popular en Cataluña, el Partido Popular y Vox han convocado protestas en su contra en Madrid y en otras ciudades del país. En el Partido Socialista de Sánchez también ha habido voces críticas con la iniciativa.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, trató de avergonzar a los socialistas por ceder a la amnistía a cambio de los “siete votos” de los representantes del partido de Puigdemont que necesitaba para la investidura. Además, advirtió a Sánchez que, una vez que se apruebe el texto, debería esperar pocos favores de los independentistas, cuyo respaldo es clave para mantener a su frágil gobierno en el poder.
“Lo que hoy va a hacer efectivo el Congreso de los Diputados es un intercambio de poder a cambio de privilegios, es un intercambio de poder a cambio de impunidad”, afirmó Feijóo.
El largo camino legislativo hasta la amnistía concluye en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio, y con el respaldo a la causa separatista desvaneciéndose en Cataluña.
La amnistía abarca los delitos relacionados con el movimiento independentista catalán cometidos entre noviembre de 2011 y noviembre de 2023. El gobierno estima que varios centenares de personas podrían acogerse a ella, mientras que los separatistas elevan la cifra a miles.
Luego de que Sánchez indultó en 2021 a nueve líderes secesionistas que estaban en prisión, no parece que haya más independentistas entre rejas. Pero muchos enfrentan posibles penas de cárcel, juicios, multas o prohibiciones para presentarse a cargos públicos.
Los portavoces parlamentarios de los partidos separatistas catalanes no tuvieron palabras de gratitud para Sánchez y su gobierno, pero sí elogiaron a sus seguidores y a los antiguos líderes que pasaron por la cárcel, además de a quienes se marcharon del país como Puigdemont.
“Hoy es un día histórico. Hoy no se perdona, sino que se gana”, dijo Míriam Nogueras, de Junts, la formación de Puigdemont.
También insistieron en que su próximo objetivo será intentar forzar a Sánchez para que de marcha atrás en su promesa de no permitir que se celebre un referéndum de independencia autorizado.
Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, dijo a los legisladores: “Próxima parada: referéndum”.
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