San Salvador.- La organización humanitaria Cristosal denunció este martes que la nueva legislatura del Congreso, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, le dio la espalda a las víctimas de la guerra civil al archivar una propuesta de ley de reparación.
«La Asamblea Legislativa recién juramentada da la espalda a las víctimas y muestra un claro desprecio por el arduo trabajo realizado por diferentes organizaciones y colectivos de víctimas que participaron en la elaboración de las propuestas de ley», indicó Cristosal en un comunicado.
Alertó que esta decisión «ignora resoluciones» de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
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«La búsqueda de justicia para las víctimas del Estado sigue siendo urgente, especialmente en un país que ha negado la verdad y la reparación a decenas de familias que durante décadas han luchado por la memoria de sus seres queridos», lamentó.
En febrero de 2020, diputados de la Asamblea Legislativa de ese momento aprobaron la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, que fue rechazada por las víctimas del conflicto armado y vetada por el presidente Nayib Bukele por considerarla inconstitucional.
El Congreso no superó el veto del mandatario y la normativa fue archivada, mientras que la legislatura 2021-2024, también dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), concluyó sin que se aprobara una nueva.
En octubre de 2021, los representantes de más de 10 organizaciones llevaron al Parlamento una propuesta elaborada junto a las víctimas, pero los legisladores no la discutieron.
La Sala de lo Constitucional anuló en 2016 una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenó al órgano Legislativo crear una normativa que garantizara el acceso a la Justicia de las víctimas de la guerra.
«Existen casos que llevan esperando justicia más de 40 años. Si el órgano judicial y legislativo está del lado de las víctimas, debería acelerar los procesos para llevar a los responsables ante la justicia. Asimismo, si el Gobierno está comprometido con la verdad y la justicia, debería abrir los archivos militares», subrayó Cristosal, cuyos abogados representan a sobrevivientes en procesos contra militares.
Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, en un conflicto que en 12 años dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
