Los funcionarios suelen olvidar con facilidad su rol, especialmente quienes construyeron una voz propia desde la opinión pública. Tal parece ser el caso de Roberto Santana, director de Prisiones, quien recientemente afirmó que los imputados del caso SENASA fueron separados del resto de la población carcelaria porque, según sus palabras, ‘querían picarlos vivos’.
La afirmación no es menor. Cuando comenzó a hablarse de que Las Parras sería un modelo distinto, surgió una pregunta elemental: ¿había sido cambiado todo el personal del sistema? Para que ocurrieran las irregularidades que el propio Santana denunció durante años, debía existir contubernio de autoridades.
Si Las Parras es distinta y hay control total de las instalaciones, ¿cómo se explica entonces que se hable de riesgo de linchamiento? ¿No es segura esa cárcel? ¿O estamos frente a una confesión tácita de ineficiencia institucional?
Las palabras del director no solo generan dudas legítimas, sino que socavan la confianza en el propio sistema que dirige. Si el Estado no puede garantizar la integridad física de los privados de libertad bajo su custodia, el problema es más profundo que un caso puntual.
A esto se suman comentarios negativos dirigidos al partido de gobierno del cual él mismo forma parte. Todo ello revela a un funcionario que no termina de ubicarse en su realidad institucional. Una cosa es opinar desde la tribuna y otra muy distinta es hablar cuando se ostenta una responsabilidad pública de alto nivel.
Una vez se acepta ser funcionario, el discurso importa. No es solo lo que se dice, sino lo que se transmite, lo que se legitima y lo que se pone en duda.
Las declaraciones de Santana fueron destempladas, desafortunadas e irresponsables. Lejos de aportar al debate o a la transparencia, hacen un flaco favor al clima de democracia y gobernabilidad que el país necesita exhibir.
REDACCIÓN FV MEDIOS