FVDigital, Santo Domingo.- Un juez de instrucción de Santiago condenó a ocho personas a penas de 6, 5 y 3 años de prisión mediante un juicio abreviado, tras acoger el procedimiento presentado por el Ministerio Público en el marco de la Operación Colibrí. Esta investigación desmanteló una red dedicada a tramitar miles de documentos falsos, públicos y privados.
Los condenados a seis años de prisión son Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas. Yanuel Morales Rodríguez (alias “Google”) recibió una sentencia de 5 años, y José Carlos Montero, de 3 años. Todos aceptaron su culpabilidad durante el proceso penal abreviado, conducido por las fiscales Esther María González Peguero, del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral (JCE), y Liliana Guillén, de la Fiscalía de Santiago.
Por otro lado, el tribunal ordenó el envío a juicio de los imputados Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya, tras acoger la solicitud del Ministerio Público.
La investigación estuvo a cargo de la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Santiago y el Ministerio Público adscrito a la JCE, con apoyo de agentes encubiertos de la Dirección de Seguridad Civil ante la JCE. Actuaron como querellantes la Consultoría Jurídica del órgano electoral y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional.
Los acusados admitieron su responsabilidad en la falsificación de documentos públicos como actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir y permisos de porte de armas, con el fin de venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros.
El juez Job García Hurtado, del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago, admitió el acuerdo y dispuso la suspensión parcial de las penas, considerando el tiempo que los imputados permanecieron en prisión. Entre las condiciones establecidas figuran residir en su último domicilio conocido y notificar cualquier cambio al juez de Ejecución de la Pena.
Además, los procesados deberán abstenerse de realizar actos delictivos, especialmente estafas por medios electrónicos, y se comprometen a aprender una profesión u oficio o a seguir cursos de capacitación para desarrollar un trabajo digno. El incumplimiento de estas reglas implicará el cumplimiento íntegro de la pena en prisión.
El grupo operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago, poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país. El expediente, de más de 600 páginas, detalla cómo se conformó esta estructura, reclutando personas para diversos roles en la falsificación documental.
La Fiscalía de Santiago, junto a expertos y oficiales encubiertos de la JCE, aportó más de 800 elementos de prueba, incluidos plásticos incautados en allanamientos judiciales, utilizados para imprimir documentos oficiales.
La investigación también reveló que los trabajos captados por “buscones” o tributarios se canalizaban a especialistas, incluyendo a quienes tramitaban irregularmente actas del Registro Civil Dominicano. Los procesados borraban el contenido de actas originales, preservando el papel de seguridad, para luego imprimir información falsa y generar documentos con las características de seguridad del original.
La calificación jurídica del Ministerio Público se basa en la violación de los artículos 265, 266, 147 y 150 del Código Penal Dominicano, y el artículo 13 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral, que tipifican asociación de malhechores, falsificación de escritura auténtica o pública y falsedad en escritura privada.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**