La condena a 27 años y tres meses de prisión de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, por intentar impedir que Lula da Silva, triunfador de las elecciones de 2022, le relevara en el cargo va a agitar la política brasileña en el … año que queda hasta las presidenciales de octubre de 2026. Bolsonaro puede lograr una revisión del proceso, pero la sentencia condenatoria por intento de golpe de Estado y conspiración para asesinar a Lula, aunque no unánime (fue acordada por cuatro de los cinco jueces, con un solo voto absolutorio), parece difícil de rebatir ante las pruebas presentadas. Cabría, en todo caso, un regateo de pena, que Bolsonaro, de 70 años, confía en cumplir en arresto domiciliario alegando salud deficiente.
No es la primera vez que un expresidente brasileño recibe pena de prisión. El propio Lula fue condenado en 2016 a 12 años de cárcel, pero apenas estuvo dos porque el caso decayó por error de procedimiento judicial; Fernando Collor de Mellor fue condenado en 2023 a ocho años de prisión por sobornos muy posteriores a su etapa presidencial. El Partido Liberal, la formación de Bolsonaro, intenta promover que el Congreso, presionado por la calle, apruebe un indulto de su líder. Si esto no se logra, de ganar su candidato en las presidenciales de 2026, aún por seleccionar, procedería a un perdón.
La polarización política que la decisión del Supremo acrecienta puede beneficiar a Lula da Silva, especialmente si el presidente estadounidense, Donald Trump, insiste en castigar al Gobierno de Brasil por lo que considera un juicio político contra su antiguo aliado sudamericano. La amenaza de Trump en el mes de julio de aplicar un arancel general del 50% a las exportaciones brasileñas a Estados Unidos –advertencia que pretendía presionar a Brasilia para que no se condenara a Bolsonaro–, vino a levantar las posibilidades electorales de un Lula en horas bajas, quien así anunció en agosto que se presentará de nuevo a las elecciones (de ganar, sería su cuarto mandato; los dos primeros fueron en 2023-2010).
La cuestión arancelaria no se ha resuelto y se espera que la Administración Trump busque algún tipo de castigo por la decisión del Tribunal Supremo, alentado por el lobby realizado en la Casa Blanca y el Capitolio por Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente. Esto puede dar alas a Lula, porque refuerza el orgullo nacional frente a los antojos de Washington, y porque al enfrentar esas medidas se erige en defensor de unos ciudadanos que pueden verse afectados negativamente por un declive económico si las exportaciones se reducen.
El hecho de que en la decisión hayan participado jueces con posible animadversión hacia Bolsonaro (el presidente de la sala, Alexandre de Moraes, protagonizó en el pasado enfrentamientos públicos con el dirigente derechista y otros dos jueces han tenido relación con Lula, uno como ministro suyo de Justicia y otro como abogado personal) da argumentos a sus simpatizantes para manifestaciones de protesta por la sentencia.
Bolsonaro ha sido condenado por los cinco delitos de los que era acusado: pertenencia a organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, daños al patrimonio y deterioro de bienes públicos. Por los tres primeros sumó más años, pero también recibió pena de cárcel por los otros dos.
Junto a Bolsonaro han sido condenados los otros altos cargos implicados en el complot, que en su mayoría eran miembros del Gobierno: tres generales, un almirante, un teniente coronel y dos comisarios de policía. Han recibido una pena similar a la del expresidente, aunque ligeramente por debajo; solo Mauro Cid, militar que fue secretario personal de Bolsonaro y que aceptó colaborar con la Justicia facilitando pruebas de la conspiración, ha tenido un trato benigno, con dos años de reclusión en régimen abierto y sin tener que contribuir a la multa de cerca de cinco millones de euros que los otros condenados deben aportar conjuntamente. Una vez la sentencia sea firme, los militares serán degradados.
Siendo la primera vez en la historia de Brasil que militares implicados en un golpe de estado han sido juzgados y condenados por un tribunal civil, cabría pensar en un amplio malestar en el seno de las Fuerzas Armadas; sin embargo, no se espera ninguna alteración en la vida de los cuarteles. Solo el que era jefe de la Armada se prestó al golpe liderado por Bolsonaro, mientras que los otros jefes militares lo rechazaron por ilegal. Por su parte, Lula pudo proceder sin problemas a una reorganización de mandos cuando llegó a la presidencia.