Un creciente número de condados de Colorado se sumaron este miércoles a una demanda conjunta contra el gobierno estatal para pedir la derogación de leyes vigentes que prohíben la colaboración de la policía local con agentes federales de inmigración.
La demanda, iniciada por los condados Douglas y El Paso, al sur de Denver, argumenta que las leyes HB19-1124 y HB23-1100 deben ser anuladas porque, al impedir la cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), ponen en peligro la “calidad de vida” y la “seguridad” de esas jurisdicciones.
Estas leyes también prohíben que las autoridades revelen información específica sobre los detenidos a los funcionarios federales de inmigración. Los demandantes alegan que las leyes violan las disposiciones locales de la Constitución estatal.
Específicamente, la querella legal sostiene que esas dos leyes son “ilegales e inconstitucionales” porque infringen las disposiciones de la Constitución de Colorado sobre “relaciones intergubernamentales” y “distribución de poderes”, y, de esa manera, no se ajustarían a leyes y regulaciones federales de inmigración, que tienen supremacía sobre leyes estatales.
La derogación de esas leyes permitiría a los condados implementar “las medidas necesarias de preservación del bienestar público, la salud y la seguridad de nuestra comunidad local”, dice la demanda.
La demanda se produce mientras Colorado, específicamente el área metropolitana de Denver, continúa lidiando con la llegada de nuevos inmigrantes al estado , principalmente a través de autobuses enviados por el gobierno de Texas.
Este miércoles, el condado Mesa (en el oeste de Colorado) se sumó a la demanda y otros dos condados, Larimer y Weld (en el norte del estado) anunciaron su intención de hacerlo.
“Las leyes actuales atan las manos de nuestras autoridades locales para comunicarse con los funcionarios federales sobre inmigración, lo que creemos que es contraproducente. (Esas leyes) ponen en riesgo a nuestros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a la gente de nuestra comunidad”, expresó hoy Cody Davis, del condado Mesa.
Por su parte, la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC) calificó a la demanda como un acto “intrínsecamente discriminatorio” al “ignorar las contribuciones de cientos de miles de habitantes de Colorado, muchos de los cuales han considerado este estado como su hogar durante décadas.”
“Continuaremos firmes y unidos contra estos ataques miopes y motivados políticamente contra nuestras comunidades de inmigrantes y residentes de Colorado”, aseveró Raquel Lane-Arellano, directora de comunicaciones de CIRC, en declaraciones enviadas a EFE.
Esta no es la primera vez que las leyes son objeto de demanda, pero la Corte Suprema de Colorado opinó anteriormente que la HB19-1124 y HB23-1100 son constitucionales.
Los comisionados de los condados demandantes anticiparon que, de ser necesario, llevarán el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
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