Un jurado federal en Nueva York determinó que las autoridades del condado de Suffolk violaron derechos constitucionales al mantener detenidas a cientos de personas únicamente para entregarlas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York ordenó al condado pagar 112 millones de dólares en compensación a 674 inmigrantes que fueron retenidos ilegalmente después de cumplir sus condenas o pagar sus fianzas. Esta decisión, considerada una de las más significativas en casos de derechos civiles de inmigrantes en el país, fue celebrada por organizaciones defensoras de derechos humanos como LatinoJustice PRLDEF.
Según la demanda presentada en 2017, los afectados fueron privados de libertad sin justificación legal tras completar sus procesos judiciales locales. Las autoridades del condado los mantuvieron detenidos mientras notificaban a ICE para su entrega, una práctica que el jurado calificó como violatoria de la Cuarta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.
LatinoJustice, que representó a los demandantes, afirmó que el fallo “envía un mensaje claro a las agencias locales que cooperan ilegalmente con ICE”. Sus abogados destacaron que durante años los migrantes fueron retenidos exclusivamente por su estatus migratorio, sin existir órdenes judiciales que autorizaran dichas detenciones.
El condado de Suffolk, ubicado en Long Island, negó haber actuado ilegalmente y anunció que apelará la decisión. Sin embargo, el jurado determinó que la oficina del sheriff mantenía un patrón de colaboración irregular con las autoridades migratorias federales, lo que resultó en detenciones prolongadas sin causa probable.
El caso, conocido como Orellana Castañeda et al. v. County of Suffolk, establece un precedente importante sobre los límites de la cooperación entre agencias locales y federales en materia migratoria. Especialistas jurídicos explicaron que el monto de la indemnización —112 millones de dólares— busca compensar no solo el daño económico, sino también el sufrimiento emocional y la vulneración de derechos fundamentales sufridos por los migrantes.
Aunque la apelación podría retrasar el pago, el veredicto fue calificado como una victoria histórica para la comunidad inmigrante y un recordatorio de que ninguna autoridad está por encima de la ley en Estados Unidos.
REDACCIÓN FV MEDIOS