Comunitarios de Arroyo Vuelta aseguran no entregarán sus tierras “porque la Barrick Gold y el Estado quieren hacerse más ricos”

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Cotuí. Los comunitarios de Arroyo Vuelta, en Cotuí, denunciaron presuntos atropellos cometidos por militares en la madrugada de hoy.

Según expresaron, la intervención «fue una sorpresa» para los habitantes, quienes calificaron las acciones como un acto de abuso por parte del Estado.

«Por lo menos fue una sorpresa para nosotros el actuar de los militares, porque nunca pensamos que podían cometer un atropello tan grande contra los comunitarios como el que acaba de ocurrir hoy», expresó un residente afectado. «Nosotros nunca pensamos que el Estado daba para tanto», dijo una comunitaria a Noticias SIN.

Los comunitarios afirmaron que llevan toda una vida en esta zona y que sus tierras son un legado ancestral. «Yo tengo 54 años, eso tengo aquí en la comunidad, y esto viene de descendencia en descendencia de nuestros ancestros», aseguró otro habitante. Las comunidades afectadas incluyen Arroyo Vuelta, El Rayo, El Aja, Treboca, Naranjo, El Higo y Aguamocha.

Además, los residentes rechazaron las acusaciones de violencia e ilegalidad. «Nosotros no somos delincuentes, no somos invasores, no somos terroristas; nosotros lo que somos es comunitarios», enfatizaron. Según indicaron, nunca han recurrido a la violencia: «Nosotros no somos gente violenta, somos gente pacífica. Nunca hemos salido de aquí a tirar una piedra».

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Los comunitarios denunciaron que la empresa minera Barrick Gold, con el respaldo del Estado, pretende desalojarlos de sus tierras sin ofrecer una compensación justa. Según indicaron, la empresa ha propuesto precios irrisorios: «Están ofreciendo por los precios de la tierra a 40 pesos el metro de tierra, y el cacao, que hoy día está a 35 mil pesos el quintal, lo valoran en apenas 800 pesos».

«Eso no es posible. No vamos a entregar nuestro patrimonio porque la Barrick Gold y el Estado quieren hacerse más ricos», concluyeron.

Los habitantes de Arroyo Vuelta hicieron un llamado a las autoridades para que respeten su derecho a vivir en las tierras que han habitado por generaciones y garantizaron que seguirán luchando de manera pacífica por lo que consideran su legítima herencia.

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