Recibido como una agresión a la institucionalidad dominicana y no como una recomendación constructiva, el informe 2023 de Estados Unidos sobre alegados irrespetos a derechos humanos reitera el estilo de incriminar autoridades sin basarse en hechos que órganos norteamericanos comprobaran sobre el terreno, sino en lo que dicen organizaciones internacionales no especificadas y en lo que grupos de presión inamistosos reflejan con denuncias poco documentadas. Esto surge cuando un alineamiento de intereses extra nacionales combate las legítimas regulaciones locales a la llegada de extranjeros. Más dos tercios de isla de una nación que exhibe orgullosa su historia y la suma de valores que la configuran como República soberana a la que con drasticidad ajena a su destino se pretendería convertir en anexo in crescendo y ad hoc para asentar a más de medio millón de haitianos sacados de sus ciudades hacia los montes o al exterior por el colapso derivado del fuego incivil de bandas.
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Un «rescate» que pretenden facturarle a República Dominicana forzándola a aceptar un éxodo contra su orden interno con severos daños a procesos económicos y sociales que la constituyen en modelo de desarrollo caracterizando su presente y asegurando el futuro. Un recuento de comportamientos violatorios de personal fronterizo e inmigratorio que aun recurrentes y oprobiosos por reprochable debilidad de controles superiores, no dan licencia a atribuirlos a políticas de Estado en un expediente «agresivo e infundado».
