Nueva York – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, no pudo precisar cuál sería el impacto en la isla de la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prioriza la intervención estatal y de los gobiernos locales en la respuesta por desastres.
Sin embargo, la primera mandataria dijo que la Oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFAA) examina el documento y mantiene comunicación con las agencias pertinentes en EE.UU. sobre su alcance.
“Nuestra oficina en Washington verá los detalles de esta orden ejecutiva; es parte de lo que se está discutiendo. Pero, ciertamente, el gobierno de Puerto Rico es el primer respondedor, lo son los municipios también, y siempre lo que se hace es que se piden reembolsos. Lo que vamos a ver es cómo se hace ahora la fase de reembolso, porque siempre tiene que haber una declaración de desastre nacional por el presidente para que se puedan activar las ayudas”, planteó González a preguntas de la prensa en una conferencia este miércoles.
La gobernadora especificó que, para cambiar el organigrama o estructura, que se basa en reembolsos, se requerirían enmiendas a la Ley Robert T. Stafford de Ayuda en Desastres y Asistencia en Emergencias.
La Ley Stafford es la que autoriza la asistencia federal cuando el presidente declara un estado, tribu o territorio como zona de desastre, y establece el marco legal para la respuesta federal a desastres.
“Para esto, tienen que haber unas enmiendas a la Ley Stafford. A este momento no hay enmiendas aprobadas en el Congreso que desregule la operación de FEMA (Agencia Federal para Manejo de Emergencias) en Puerto Rico y de las ayudas que están disponibles bajo Stafford Act”, expuso.
La primera mandataria mencionó que la información compartida en la Asociación de Gobernadores Republicanos hace un mes apunta a que la intención del presidente es que las entidades locales y estatales pueden responder antes de que FEMA lo haga.
“Nosotros, como parte de la reunión de gobernadores, vimos que la visión del presidente es que, en vez de esperar por FEMA, los gobiernos estatales puedan meter mano y después hacer recobro, y ellos hablaron, inclusive, de eliminar esa oficina, y que fueran directamente los gobiernos locales los que manejaran esto y de esta manera tener mayor economía y eficiencia”, señaló la republicana.
González argumentó que, aparentemente, lo que busca la Administración Trump es más agilidad en los procesos.
“Yo creo que lo que se está buscando aquí es agilidad, así que voy a esperar a leer con detalle la orden ejecutiva”, añadió González, al tiempo que puntualizó que no especularía sobre si la orden implicaría la pérdida o reducción de fondos federales.
Trump lleva meses mencionando su intención de eliminar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA), encargada, al momento, de ayudar a las personas antes, durante y después de emergencias o desastres. La agencia es la que coordina la respuesta del gobierno y proporciona asistencia federal, tanto para individuos como para obras de infraestructura pública.
El 25 de enero, menos de una semana después de juramentar al cargo, durante una visita a Carolina del Norte, el presidente criticó lo que catalogó la “desastrosa” respuesta de FEMA a raíz del huracán Helene en ese estado en septiembre del año pasado.
“Firmaré una orden ejecutiva para comenzar el proceso de reformar y reorganizar fundamentalmente FEMA, o tal vez eliminar FEMA. Sinceramente, creo que FEMA no es eficiente”, dijo Trump en aquel momento..
Para activistas como Antonieta Cádiz, directora ejecutiva adjunta de Climate Power, particularmente en casos como el de Puerto Rico, hay que proceder con mucha cautela, ya que cualquier cambio en la estructura de respuesta por desastres podría implicar un impacto mayor en la jurisdicción, entre otras cosas, por su ubicación geográfica.
“Debido a su vulnerabilidad a desastres naturales, es vital que Puerto Rico tenga claridad y seguridad sobre los recursos necesarios para dirigir esfuerzos de recuperación después de desastres. Vimos en la primera administración de Trump que él no le pone importancia a la seguridad de Puerto Rico, y su orden ejecutiva solo dejará a los puertorriqueños aún más vulnerables a desastres naturales”, indicó en declaraciones a El Diario.
“Transferir la responsabilidad de responder a los desastres a los gobiernos locales y estatales sin directrices federales claras ni mecanismos de financiación socava la capacidad de nuestra nación para prevenir y responder de manera efectiva a las crisis. Lo que la administración está haciendo pondrá en riesgo muchas vidas y dejará a comunidades enteras sin ayuda en los momentos más críticos”, consideró Cádiz.
¿Qué dice la orden ejecutiva de Trump sobre desastres?
El 19 de marzo, Trump firmó la orden titulada “Alcanzando la eficiencia a través de la preparación estatal y local”.
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El argumento base del decreto es que una aproximación de sentido común y la inversión de gobiernos estatales y locales en la infraestructura estadounidense aumentará la seguridad nacional y creará un país más resiliente.
“La política federal debe correctamente reconocer que la preparación es manejada y poseída más efectivamente a niveles estatales, locales e incluso individuales, apoyada por un gobierno federal competente, accesible y eficiente. Los ciudadanos son los beneficiarios inmediatos de decisiones locales sólidas e inversiones diseñadas para abordar los riesgos, incluyendo ataques cibernéticos, fuegos forestales, huracanes y clima espacial. Cuando los estados son empoderados para realizar decisiones de infraestructura inteligentes, los contribuyentes se benefician”, lee parte de la orden ejecutiva.
Bajo la sección de Políticas, se indica que es la de estados y gobiernos locales e individuos jugar un rol más activo y significativo en la preparación y resiliencia nacional, salvando así la vida de los estadounidenses, asegurando su bienestar, reduciendo la carga de los contribuyentes mediante la eficiencia y liberando la prosperidad colectiva.
El texto añade que la politíca de la Administración es agilizar los operativos de preparación y actualizar las políticas relevantes del Gobierno para reducir la complejidad, proteger y servir mejor a los estadounidenses.
El plan contenido en el decreto apuesta a preparar mejor a los gobiernos estatales y locales para que entiendan, planeen y atiendan las necesidades de los ciudadanos.
La orden además establece que dentro de los 90 días a partir de la orden, el asistente del presidente para asuntos de seguridad nacional (APNSA) en coordinación con el de políticas económicas y los encargados de departamentos y agencias relevantes deben publicar la “Estrategia de Resiliencia Nacional” en la que se articularán las prioridades, medios y maneras de avanzar en esa dirección.
El documento además instruye a que, dentro de los 180 días a partir de la orden, APNSA en conjunto con el director de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología, junto a otros jefes de agencias relevantes, deben revisar todas las políticas relacionadas con infraestructura crítica y recomendar al presidente revisiones, retiradas y reemplazos necesarios para alcanzar una postura más resiliente.
Otra disposición contenida en el decreto es que dentro de los 240 días a partir de la orden, APNSA, en coordinación con las agencias pertinentes, e informado por los reportes y hallazgos del Concejo de FEMA, creado por orden ejecutiva el 24 de enero pasado, debe revisar todas las políticas nacionales de respuesta y preparación, y recomendarle al presidente las revisiones, retiradas y reemplazos necesarios para reformular los procesos y las métricas para responsabilidad federales, así como alejarse de un enfoque que abarque todos los riesgos.
Datos de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) arrojan que, hasta el 18 de marzo, en cuanto a fondos FEMA en Puerto Rico se habían asignado $54,728,153,114; obligado, $51,585,557,776; y desembolsado, $24,342,079,830
En términos de obra permanente o fondos de asistencia pública, que es el renglón, bajo, el que, principalmente, se mide el avance de la reconstrucción, los fondos FEMA en la isla se desglosan de la siguiente manera: asignados, $37,467,730,213; obligados, $37,467,730,213; y desembolsados, $11,217,143,792.
COR3 es la entidad a nivel que desembolsa el dinero de FEMA a municipios, corporaciones y organizaciones sin fines de lucro para proyectos de obra pública una vez la agencia federa obliga los fondos.
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