El último de los líderes pandilleros que ha sido detenido por agentes estadounidenses se llama César Humberto López Larios, alias “Greñas de Stoners” y uno de los líderes históricos de la pandilla MS13. La captura de Greñas tiene algo en común con la de otros jefes pandilleros salvadoreños: ocurrieron en Estados Unidos después de que el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele los liberó ilegalmente de cárceles del país centroamericano.
López Larios fue detenido en el aeropuerto de Houston, Texas, el 11 de junio pasado según informó la oficina del fiscal del distrito este de Nueva York, a donde el pandillero salvadoreño fue enviado para responder por actos de terrorismo en un caso abierto en esa jurisdicción neoyorquina en 2020.
Antes de “Greñas” fueron arrestados en Estados Unidos otros dos jefes pandilleros implicados en el caso de terrorismo: Élmer Canales Rivera, alias Crook, y Fredy Iván Jandres Parada, alias Lucky de Parkview. Los tres pandilleros ocuparon, en algún momento de este siglo, puestos de liderazgo en la ranfla nacional, que es como se conoce en la jerga criminal salvadoreña al grupo que ha dirigido las actividades de la MS13.
Al igual que Crook, Greñas fue detenido primero en México, desde donde las autoridades mexicanas iniciaron procesos administrativos de deportación a El Salvador, pero en ambos casos los mexicanos enviaron a los detenidos con escala en Houston, donde las autoridades estadounidenses los esperaban para detenerlos y luego extraditarlos de Texas a Nueva York.
Un exfuncionario federal estadounidense, quien fue informado del caso de terrorismo contra los pandilleros salvadoreños, confirmó a Infobae que la llegada a Houston fue acordada de antemano con las contrapartes mexicanas para evitar que el destino final de los detenidos fuese El Salvador, donde ya antes los líderes de la MS13 han sido beneficiados por el gobierno de Bukele.
El pacto
Greñas, Crook y Lucky, los tres pandilleros que están ya a disposición de las autoridades estadounidenses, fueron detenidos por agentes federales que trabajaron en coordinación con sus colegas de la Fuerza de Tarea Vulcano, una unidad especial poblada por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Agencia Antidrogas (DEA) que se formó a finales de 2019 para investigar, en inicio, a los líderes nacionales de la MS13 en El Salvador y Estados Unidos.
Muy pronto, tras el arranque de sus investigaciones, Vulcano acumuló sospechas de que el gobierno del recién juramentado presidente Nayib Bukele tenía un pacto con los jefes de las pandillas en aquel momento encarcelados en El Salvador, entre quienes entonces aún se contaban los tres que ahora están en suelo estadounidense.
La fiscalía salvadoreña, entonces dirigida por un funcionario al que Bukele no controlaba del todo, unió esfuerzos con los estadounidenses para ahondar en la investigación. El caso quedó en manos del Grupo Especial contra la Impunidad (GECI), una unidad especial creada para investigar grandes casos de corrupción y el posible pacto pandillero.
Durante la confinación por la pandemia de Covid-19, e incluso un poco antes, la GECI, basada en información de fuentes penitenciarias y de la inteligencia policial, descubrió que funcionarios de Bukele estaban implicados en dar forma a un acuerdo con los liderazgos de la MS13 y el Barrio 18 por órdenes del presidente Bukele. Los fiscales, con órdenes judiciales, pincharon teléfonos y dieron seguimiento a los funcionarios; identificaron a dos como los más relevantes en la negociación del pacto: Osiris Luna Meza, el director de prisiones, y Carlos Marroquín, un secretario presidencial que ya había propiciado acercamientos con las pandillas cuando Bukele fue alcalde de San Salvador entre 2015 y 2018.
El gobierno de Bukele trasladó pandilleros en un ejercicio publicitario poco antes de que se hiciera pública la captura en México de un líder a la que su gobierno había dejado escapar
Los estadounidenses de Vulcano, en colaboración con los fiscales salvadoreños, apoyaron la investigación desde Washington y Nueva York, pero sobre todo desde su cuartel general en Miami. Pasada la pandemia, y convencidos de que el pacto pandillero implicaba a los más altos cargos del gobierno Bukele, Vulcano y fiscales del distrito este de Nueva York prepararon un expediente acusatorio contra Marroquín y Luna Meza, según reveló en su momento la agencia Reuters.
En esencia, lo que los agentes estadounidenses y los fiscales de la GECI salvadoreña habían descubierto es que Marroquín y Luna habían negociado con los liderazgos pandilleros “en nombre del presidente” un acuerdo que daría a los jefes de la MS13 flexibilidad en las cárceles, beneficios económicos, control de sus territorios y los blindaría de una eventual extradición a Estados Unidos a cambio de que dejaran de matarse en las calles y de que apoyaran la gobernabilidad de Bukele.
Vulcano llevó adelantes sus investigaciones, durante buena parte de la pandemia, en estricta confidencialidad y, de acuerdo con un exfuncionario de la administración Biden que habló con Infobae desde el anonimato, protegió la información de los funcionarios del Departamento de Estado encargados de la gestión diplomática en la relación con El Salvador. “Es algo normal, muchas de estas investigaciones DOJ (Departamento de Justicia) las lleva en silencio, para protegerlas de posibles influencias políticas”, dijo la fuente.
Lo cierto es que, cuando corrían los últimos días de la administración de Donald Trump en Washington, en San Salvador la información de que la investigación de la fiscalía local y los agentes de Vulcano se acercaba a funcionarios de Bukele se había filtrado a Casa Presidencial. Bukele, según han confirmado a Infobae un exfuncionario y dos contratistas del gobierno estadounidenses que conocieron de cerca las investigaciones de Vulcano, hizo una gestión política con el entonces embajador estadounidense, el exagente de la CIA Ronald Johnson, para detener las pesquisas. El presidente salvadoreño tuvo éxito y la posibilidad de una acusación criminal a Luna y Marroquín en Estados Unidos se detuvo. El pacto siguió vigente.
La ranfla
Parece una contradicción: el principal logro que los votantes salvadoreños y algunos gobiernos y medios internacionales reconocen a Nayib Bukele es, precisamente, la reducción de la violencia pandillera y la recuperación del control estatal en territorios antes dominados por la MS13 y el Barrio 18 cuando, a la vez, los detalles sobre su pacto con los grandes jefes de ambas organizaciones criminales son cada vez más públicos.
Lo cierto es que la tendencia a la baja en las cifras de homicidios, que había arrancado en El Salvador en 2015, cuatro años antes de Bukele, se acentuó con su llegada a la presidencia y que, tras la consolidación del pacto y la entrada en vigor del régimen de excepción en marzo de 2022, después de una ruptura parcial del acuerdo pandillero, las tendencias a la baja se han mantenido. También, a juzgar por los beneficios otorgados a los jefes históricos de la MS13, el pacto, al menos con ellos, se mantuvo.
A César Humberto López Larios la justicia salvadoreña lo había condenado a 163 años de prisión en agosto de 2019 por su participación en 10 homicidios, por liderar una organización terrorista y por sobornos a funcionarios. Sin embargo, para octubre de 2020, cuando Bukele ya era presidente y Osiris Luna el jefe de cárceles, el jefe pandillero fue liberado. Un camino similar recorrió Élmer Canales Rivera, el Crook, otro de los jefes de la MS13 que guardan prisión en Nueva York.
En el caso de Crook, la intervención del gobierno Bukele fue más directa. Fue Carlos Marroquín, el otro funcionario de Bukele al que fiscales estadounidenses estuvieron a punto de imputar cargos criminales, quien lo sacó de una cárcel, le dio un arma y lo llevó a Guatemala, desde donde el pandillero huyó a México. En la capital mexicana, gracias a la colaboración de la Fuerza Vulcano y agentes federales de aquel país, Crook fue detenido en noviembre de 2023; antes, un funcionario de Bukele había intentado urdir un plan para llevarlo de regreso a El Salvador.
Afiche del FBI con los datos de César Humberto López Larios, alias Greñas de Stoners, un líder de la pandilla MS13 que fue liberado por el gobierno de Nayib Bukele y luego recapturado en México.
A Canales Rivera, a López Larios y a la mayoría de la otra decena de jefes pandilleros a los que los fiscales de Nueva York reclaman por actos de terrorismo, Estados Unidos los ha señalado de ser miembros de la mesa directiva de la MS13 que, entre otras cosas, planificó la expansión de la pandilla salvadoreña, dirigió asesinatos y extorsiones en El Salvador, se alió con narcotraficantes mexicanos y, además, hizo pactos y encaró diálogos políticos con cuatro gobiernos salvadoreños desde 2004, incluido el de Bukele.
A esta mesa directiva, la ranfla como se le conoce, la justicia estadounidense la define así: “La ranfla nacional… envió a sus máximos líderes a organizar operaciones, establecer contactos y a obtener drogas y armas de carteles mexicanos como Los Zeta, el Cartel del Golfo, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa… a involucrarse en tráfico humano y en contrabando. La ranfla nacional también dirigió a los miembros de la MS13 en Estados Unidos para que se involucraran en actividades criminales como el tráfico de drogas y la extorsión para financiar las actividades terroristas de la pandilla en El Salvador y otros lugares”.
También dicen los fiscales estadounidenses que desde 2012 los líderes a los que el gobierno de Nayib Bukele dejó ir “negociaron con funcionarios del gobierno de El Salvador para obtener beneficios y concesiones”.
De los 14 líderes de la ranfla nacional de la MS13 acusados en Nueva York por actos de terrorismo, tres están detenidos y han quedado a las órdenes de una corte en el distrito este de esa ciudad. A los otros once los fiscales estadunidenses los dan por prófugos a pesar de que el gobierno de Bukele, en conversaciones privadas y a través de comunicación oficial, ha asegurado que varios de ellos están bajo custodia en El Salvador.
Al presidente salvadoreño, de hecho, no le gusta demasiado hablar del pacto con los jefes de la MS13, de los beneficios que su jefe de cárceles ha extendido a algunos de ellos o de que el actual fiscal general y la Corte Suprema de Justicia, a los que el presidente controla, han blindado a varios de esos jefes de la extradición.
Si habla Bukele de otros que se niegan a extraditar pandilleros. En una entrevista hecha a inicios de este mes con el estadounidense Tucker Carlson, Bukele atacó a la justicia española por negarse a extraditar a un miembro de la MS13. “Es una pandilla satánica”, dijo el salvadoreño indignado. Nada hablaron Bukele y Carlson de las idas y venidas de Crook, del Greñas o de Lucky, los líderes de la MS13 con la que el presidente y sus funcionarios negociaron; nada dijeron de todas las veces que el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, y los magistrados del Supremo han impedido que los jefes de la “pandilla satánica” respondan por actos de terrorismo en Estados Unidos.