Colombia demandará a Ecuador ante la Comunidad Andina, por aranceles

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La reunión de las cancilleres y los ministros de Defensa de Ecuador y Colombia, en Quito, este viernes 6 de febrero, no solo que no logró superar las diferencias en torno a los aranceles impuestos por el Gobierno de Daniel Noboa, en enero pasado, sino que dio un giro inesperado al pasar de lo político y económico al jurídico con la decisión de Bogotá de demandar a Ecuador ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) aduciendo «desconocimiento de Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969».

La cita de Quito en la que participaron también funcionarios de otras carteras de Estado de los dos países pretendía poner fin a la «guerra arancelaria», porque Colombia también impuso aranceles recíprocos a Ecuador; pero en lugar de ello Bogotá expedirá los decretos de los aranceles anunciados, para aplicar la medida de inmediato, y además demandará ante la CAN; todo esto a pesar de que los aranceles que Ecuador anticipó entrarían en vigor el 1 de febrero no han sido activados.

Uno de los artículos clave en este conflicto es el 99 del Acuerdo de Cartagena, que prohíbe la aplicación de cláusulas de salvaguardia y otras medidas restrictivas a las importaciones provenientes de países miembros. Lo que busca, justamente, es evitar que, ante tensiones políticas o económicas, un Estado recurra a medidas unilaterales y afecten la integración.

El 24 de enero pasado, El Gobierno de Noboa impuso aranceles del 30% bajo el nombre de «tasa de seguridad» para exigir a Colombia la vigilancia de su frontera sur, por donde entra una enorme cantidad de cocaína a Ecuador al que los narcotraficantes han convertido en la ruta para la exportación de la droga a Estados Unidos y Europa. Un día después de ese anuncio, Colombia reaccionó y en represalia impuso un arancel de 30% a decenas de productos ecuatorianos a la vez que suspendió la venta de electricidad a Ecuador. Como una contra respuesta Ecuador subió la tarifa del transporte de petróleo por el oleoducto que usan los dos países.

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La reunión de este vienes que pretendía acuerdos, fracasó. La cita se realizó puerta cerrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo un inusual hermetismo, al punto de que no hay imágenes de esta; también llamó la atención el enorme despliegue de seguridad, pero trascendió que el ambiente fue cordial; por eso, a pesar de las duras decisiones adoptadas, en sendos comunicados las dos Cancillerías han asegurado que el diálogo continuará.

Desde enero, y antes de que las medidas entraran en vigor provocaron la reacción de los transportistas que laboran en la frontera común quienes hoy no pueden trasladar sus mercancías, y de los comerciantes del puente Rumichaca, el límite de los dos países, que han visto desplomarse sus ingresos por la ausencia de compradores.



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