República Dominicana, Santo Domingo – En un caso que ha captado atención internacional, el regidor Edickson Herrera Silvestre y el general retirado William Durán Jerez cooperan con autoridades judiciales de Estados Unidos en una operación de trasiego de sustancias controladas entre Sudamérica, República Dominicana y el sur de Florida. Este desarrollo, confirmado mediante documentos judiciales del Distrito Sur de Florida, marca un punto crucial en la investigación.
El acuerdo alcanzado por Herrera Silvestre y Durán Jerez con fiscales estadounidenses representa un movimiento estratégico en el proceso legal, al admitir su culpabilidad por conspiración para transportar cantidades significativas de sustancias ilícitas hacia territorio norteamericano. Mediante este pacto, los imputados se comprometieron a proporcionar información verídica y completa que apoye investigaciones en curso.
El acuerdo judicial no solo mitiga algunos cargos iniciales, sino que exige que ambos implicados brinden asistencia activa en la construcción de un caso sólido contra otras posibles figuras involucradas. Este tratado se centra en el intercambio preciso de información, testimonio bajo juramento y disponibilidad para participar en operaciones encubiertas si fuese necesario. Las repercusiones legales para los acusados deben determinarlas el juez, quien considerará el grado de cooperación al dictar sentencia.
También vinculado al caso está José Eduviges Aponte Torres, conocido por sus alias ‘Buby’ o ‘Meano’, quien fue el primero en admitir culpabilidad, estableciendo un precedente para que otros acusados siguieran el ejemplo. Las fechas para audiencias de sentencia ya fueron establecidas.
En el ámbito político, este caso ha tenido repercusiones significativas, especialmente dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), del cual Herrera Silvestre es miembro prominente. La organización política manifestó que sus miembros deben enfrentar consecuencias de sus actos de manera individual, resaltando su desaprobación hacia vínculos con actividades ilícitas. Tras estas acusaciones, el Concejo de Regidores del Distrito Nacional suspendió temporalmente a Herrera Silvestre de sus funciones.
Históricamente, este tipo de acuerdos judiciales busca cerrar investigaciones prolongadas, ahorrando recursos y tiempo al sistema judicial mediante la cooperación de partes que conocen íntimamente la operación de redes delictivas.
El caso de estos dominicanos representa un hito en estrategias de colaboración internacional para combatir el crimen organizado. Se espera que el desmantelamiento de esta operación tenga efectos resonantes en la región del Caribe y corredores de tráfico hacia el norte.
El juicio y las audiencias de sentencia programadas para diciembre de 2025 y enero de 2026 ofrecerán mayor comprensión del alcance total de este pacto de colaboración, proporcionando nueva perspectiva sobre la efectividad de tales acuerdos en la lucha contra el narcotráfico.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**