Redacción.- En la sociedad democrática en la que vivimos, con sus virtudes y defectos, el libre intercambio de ideas es un pilar fundamental que debe ser resguardado.
Sin embargo, sin restarle importancia a este principio esencial, no resulta beneficioso ni fortalece las instituciones que iniciativas legislativas cruciales, como la reforma del Código Penal, sigan estancadas debido a debates infructuosos.
Es sorprendente que, después de dos décadas, el país aún carezca de un Código Penal actualizado y efectivo para enfrentar la criminalidad en todas sus formas. Delitos atroces que han conmocionado a la sociedad reciben sanciones desproporcionadas en comparación con su gravedad, debido a que los jueces deben aplicar una normativa obsoleta. Como resultado, los tribunales no pueden dictar sentencias ejemplares que, además de castigar, sirvan como un elemento disuasivo para prevenir futuras tragedias.
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Si el principal obstáculo para lograr consenso en la aprobación del Código Penal son las tres causales del aborto, ¿por qué no optar por la alternativa de excluirlas de esta legislación y tratarlas en una ley especial, como se ha propuesto? Mantener vigente un Código Penal desfasado es una irresponsabilidad social que atenta contra el Estado de Derecho y la protección que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos frente al crimen y la delincuencia en todas sus expresiones.
